El prestigio y el reconocimiento que Aragón tiene en la certificación y gestión de las variedades vegetales lo justifican las cifras. La comunidad autónoma es líder en la producción de semilla certificada. De hecho el pasado año registró un "dato histórico", al alcanzar los 74 millones de kilos de variedades de cebada, trigo duro y trigo blando. Su uso en los campos de cereal también está más extendido que en el conjunto del país. Aragón se sitúa a la cabeza en el uso de semilla certificada, ya que cumple estas características el 40% del grano sembrado en las casi 800.000 hectáreas que ocupa el cereal en la región.

Las cifras las expuso este jueves el director general de Alimentación del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, durante la presentación en Zaragoza del convenio nacional firmado por Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, UPA y los obtentores de semilla (Anove) con el que se pretende que el pago del canon o ‘royalti’ por reutilización de semillas sea gravoso para el agricultor.

La norma comunitaria permite que el agricultor reutilice en sus siembras variedades de grano obtenidas de su explotaciones que están protegidas por patentes, siempre, eso sí, que lo comunique a la empresa obtentora y pague el canon establecido para compensar la inversión que exige la investigación realizada para la mejora de la variedad. Una exigencia incumplida ante la que la administración no se mostraba demasiado exigente hasta hace unos años. Pero la situación ha cambiado y las inspecciones realizadas de oficio por el Seprona  han sembrado el campo español de juicios y enfrentamientos que han supuesto cientos de penalizaciones en las ayudas, multas e incluso penas de cárcel.

Dar una solución a tan confrontada situación es el objetivo de dicho acuerdo, según explicaron el director general de Anove, Antonio Villaroel, y los representantes en Aragón de las organizaciones firmantes, esto es, José Víctor Nogués, de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Luna, de Asaja, y José Manuel Roche, de UPA. En el acto participó además el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que destacó la importancia de esta iniciativa para conseguir aunar el derecho de los agricultores a reutilizar sus semillas sin que suponga un coste inasumible con el derecho de los obtentores de cobrar por una tecnología "necesaria para hacer más rentables y competitivas las explotaciones agrícolas".

No es obligatorio

Este acuerdo voluntario establece una cantidad única a pagar (y no en función de las variedades) y se adapta a la situación y la superficie de las explotaciones de cereal, leguminosas y proteaginosas. El canon puede pagarse al operador que limpia y acondiciona la semilla, las cooperativas, a las que tendrá que abonar 12 euros/por tonelada, o desembolsar cuando hace la declaración de la PAC. Un pago que en función del rendimiento medio de la comarca y de si las tierras se encuentran en secano o regadío varía entre 1 y 3 euros por hectárea. "Un coste perfectamente asumible", insistió Villaroel, y del que están exentos los pequeños agricultores.

A este acuerdo no se ha adherido, sin embargo, UAGA-COAG, porque, según explicó este jueves, es "injusto y abusivo" y "enmascara un afán desmedido de lucro de las empresas de semillas".