La UCA critica que el Ministerio de Industria “no ha hecho lo suficiente” en el caso Volkswagen

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) considera que el Ministerio de Industria “no ha hecho lo suficiente” para defender los intereses de los compradores españoles de vehículos de las marcas del grupo Volkswagen con motores trucados. “Está siendo poco incisivo en la investigación”, apuntó José Ángel Oliván, presidente de la asociación, que se mostró este martes de acuerdo con el informe conocido recientemente de la defensora del pueblo, Soledad Becerril. El documento considera que “hubiera sido necesario actuar con mayor contundencia”, respecto a un problema con el trucaje de las emisiones que afecta a nueve millones de vehículos en España. El Gobierno se ha limitado a decir que solo es responsable de los coches de la marca Seat homologados en España y para el resto de las marcas solo ha pedido información al estado del que recibieran las autorizaciones correspondientes. Además, el informe indica que “no queda claro qué protocolo se está aplicando”. El documento responde a la petición de la ONG Ecologistas en Acción, en representación de la plataforma de la campaña de Malos Humos, a la que está adherida Asgeco, la asociación nacional a la que pertenece UCA y personada como acción popular.

Oliván criticó que en este caso la Administración española haya adoptado una “actuación pasiva”. Para los afectados “recomendamos que comparezcan en el procedimiento penal abierto en al Audiencia Nacional”, explicó Santiago Palazón, abogado que lleva el caso para la asociación. Este se encuentra en la fase de diligencias previas y en él se acusa a la marca de los delitos de estafa, contra el Medio Ambiente y fraude en las ayudas fiscales percibidas. Aconsejó la vía penal ya que por la vía civil ha habido dos sentencias que no han reconocido el derecho del comprador a obtener la devolución del dinero o un coche nuevo, una de ellas en Zaragoza. Consideró decisivo que la Audiencia Nacional determine en el procedimiento penal, con pruebas periciales, “cuál es la situación de los coches”, que no se sabe hasta ahora, y si tienen arreglo o se puede llegar a la devolución del turismo, añadió.

La asociación ha preparado dos documentos para proteger los intereses de los compradores que acudan a la llamada de la marca para arreglar el vehículo en un concesionario. En el caso de que se llame a revisión a los vehículos, el propietario puede pedir que le firmen, cuando entrega el coche y cuando se lo lleva, un documento por duplicado en el que autoriza al taller a “hacer lo que tenga que hacer, pero sin renunciar al ejercicio de acciones judiciales”, por si surgieran problemas después, indicó Palazón. El procedimiento penal podría alargarse entre dos y dos años y medio, calculó.