Mario Conde, el segundo mayor moroso con Hacienda

El primer lugar, lo ocupa el empresario Agapito García Sánchez, la persona física que acumula mayor deuda con Hacienda.

El expresidente de Banesto Mario Conde, que ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil por presunto blanqueo de capitales, figura en la lista de contribuyentes morosos que publicó en diciembre por primera vez la Agencia Tributaria, con una deuda de 9,93 millones de euros, lo que le sitúa en el segundo puesto del listado de mayores deudas con el fisco.


El primer lugar lo ocupa el empresario Agapito García Sánchez, que es la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con 26,88 millones de euros. El presidente de Queserías Noblejas y de Residencial Franco Rodríguez ostenta 129 cargos en más de 54 empresas, entre ellas bodegueras, de alimentación y del sector informático y de inversión.


La Guardia Civil ha detenido al exbanquero este lunes en Madrid acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con actividades de una empresa familiar. La Guardia Civil está registrando su domicilio en la calle Triana de Madrid y también han sido detenidos sus hijos Mario y Alejandra y su yerno, entre otros.


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex banquero ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto', según informaron fuentes jurídicas.


La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.


El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por los delitos de estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

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