El ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que retire la fianza en concepto de responsabilidad civil de 800 millones de euros impuesta por la salida a Bolsa de la entidad al considerarla "absolutamente desproporcionada" o, en todo caso, la rebaje a los 33 millones de euros solicitados por los perjudicados en la causa.

En un recurso, presentado contra la fianza civil fijada para la entidad, su matriz el Banco Financiero de Ahorros (BFA) y los exconsejeros Rodrigo Rato, Francisco Verdu, Jose Manuel Fernández Norniella y él mismo, Olivas recuerda que él mismo invirtió una suma "muy considerable" de 149.625 euros en la salida a Bolsa, por lo que difícilmente podía saber que las cuentas no se ajustaran a la realidad.

El que fuera presidente del Banco de Valencia, una participada del BFA que resultó intervenida, cree que el auto que fijaba la fianza "no se ajusta a Derecho", es "lesivo" para sus intereses y únicamente se sustenta en el informe de los peritos cedidos por el Banco de España, que decían que las cuentas de la salida a Bolsa no se ajustaban a la imagen fiel de la entidad pero no "analizaban el grado de participación" de los consejeros.

"No se afirma en tales informes que hayan falseado la información financiera contenida en el folleto de emisión de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) --dice sobre los peritos-- No realizaban ningún juicio de culpabilidad al respecto".

A su juicio, es "notorio" que los estados contables de BFA y Bankia son elaborados por técnicos internos y el interventor general, quienes negaron que los consejeros modificaran o les indujeran a variar los criterios contables o las estimaciones de su informe.

Deber de diligencia

Esto, unido a la supervisión de la CNMV o a la asesoría de "prestigiosos" expertos, refleja que el "deber de diligencia exigible a cualquier consejero era debidamente observado y cumplido, pues afirmar lo contrario implicaría desconfiar de todo el elenco de asesores internos, externos y de la propia Administración".

"Paradójicamente, los peritos citados son los únicos que no contemplan como causa de deterioro el brusco desplome de la economía española", prosigue la defensa, para recalcar que entidades como Bankia tenían permanentemente desplazado un equipo de inspectores del Banco de España que se reunían con Intervención General y tenían "pleno acceso" a la información de la entidad.

"En consecuencia, el delito doloso imputado de forma indiciaria, que ha de servir para apreciar tal apariencia de buen derecho, no existe, pues ello es tanto como decir que hubo una especie de acuerdo que afectó a sabiendas a todos los consejeros, a todos los expertos independientes, a todos los prestigiosos asesores, a los propios auditores e incluso a la propia Administración Pública", ha dicho.

Explica que Olivas invirtió en la salida a Bolsa un total de 149.625 euros y mantuvo dicha inversión hasta tiempo después de presentar su dimisión en noviembre de 2011. "En concreto realizó alguna venta en diciembre de 2011 y mantuvo el resto del paquete de acciones hasta el año 2012", ha añadido.

En consecuencia, a su juicio, "nadie que tenga conciencia o tan siquiera sospecha de que las cuentas podían no reflejar la imagen fiel habría invertido su propio dinero en estas acciones, o incluso las habría mantenido después de presentar su dimisión", recoge, para concluir que siempre actuó bajo el principio de "confianza legítima".