El juez impone a Bankia y a Rato una fianza civil de 800 millones

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto a Bankia y a su expresidente, Rodrigo Rato, una fianza solidaria de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por las presuntas irregularidades de la salida a Bolsa del grupo.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, en un auto el magistrado exige a Bankia y BFA, a Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al ex consejero delegado Francisco Verdú y al ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella que depositen el dinero en un mes de cualquiera de las formas que admite el derecho.

Esto permite la presentación de cualquier aval o garantía con la que poder compensar a algunos de los afectados por el debut bursátil de Bankia si finalmente el juez confirma un delito de estafa a los inversores del que ya ve indicios y que el Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel.

No obstante, como la decisión del magistrado no es firme, Bankia ya ha anunciado que recurrirá en defensa de sus propios intereses y de los de sus accionistas, entre ellos los contribuyentes, pues la mayoría del banco sigue estando en manos del Estado.

Es de esperar que Rato y los otros tres antiguos ejecutivos del grupo hagan lo mismo, pues la imposición de esta millonaria fianza, una de las más grandes de la historia de España, ha causado gran sorpresa, ya que el magistrado tiene encima de la mesa otras pruebas al margen del informe elaborado por dos peritos.

Sin embargo, es de este documento del que Andreu desprende "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad".

Es decir, que las cuentas que usó el grupo para su debut bursátil estaban maquilladas, algo que en principio contradice el experto en contabilidad que elaboró un informe contrapericial a instancia de Bankia, aunque Andreu no lo ve así.

En su opinión, los estados financieros de Bankia y BFA desde su constitución no expresaban la imagen real de dichas entidades, sin embargo, fuentes jurídicas llaman la atención sobre el hecho de que en base a esta afirmación no exija responsabilidades al auditor, Deloitte, ni tenga en cuenta el papel que tuvo el Banco de España y la CNMV.

De hecho, el juez tiene aún pendiente si imputa a la auditora y al socio que avaló las cuentas de Bankia, Francisco Celma, y a los que fueran máximos responsables de ambos organismos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, respectivamente, tal y como le han reclamado varias acusaciones.

Igualmente resulta curioso que, además de a Bankia, BFA y Rato, el juez exija la fianza solo a cuatro antiguos miembros del consejo de administración, con lo que deja fuera al resto de consejeros, que también aprobaron en la reunión del 15 de junio de 2011 los estados financieros incorporados al folleto de salida a Bolsa de Bankia.

El movimiento 15M, que representa a varios perjudicados por esta salida a bolsa, se ha felicitado de la fianza impuesta por Andreu, que llega cuatro días después de que se celebrara la vista que el juez convocó a instancias de varios accionistas afectados, algunos de los cuales se sumaron a la cuantía de más de 4.000 millones que exigía UPyD.

Al final, el juez ha decidido que sean 800 millones, aunque advierte de que se trata de una cuantía "provisional" para asegurar las "legítimas expectativas" de pequeños accionistas.

Para el instructor del caso Bankia es una cifra "proporcionada, adecuada y justificada a los fines" y que es resultado de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que el banco colocó entre minoristas (600 millones) más el tercio establecido en la ley para fianzas civiles.