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Reforma de las pensiones

La oposición lamenta que el Gobierno no cumpla sus promesas a los pensionistas

Así han reaccionado la mayoría de los portavoces parlamentarios tras conocer que el borrador del anteproyecto de la reforma de las pensiones contempla una modificación en el sistema de revalorización.

Efe. Madrid Actualizada 17/09/2013 a las 19:44


Los grupos de la oposición en el Congreso han lamentado que el Gobierno esté estudiando un cambio en la fórmula de revalorización de las pensiones que podría afectar -a su juicio- a su sostenibilidad y han criticado que el Ejecutivo haya incumplido las promesas que realizó a los pensionistas.

Así han reaccionado la mayoría de los portavoces parlamentarios tras conocer que el borrador del anteproyecto de la reforma de las pensiones contempla una modificación en el sistema de revalorización, que ya no sería según el IPC y tendría en cuenta la esperanza de vida del pensionista.

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha arremetido contra dicha reforma que ha calificado de "expropiación clara" y considera que empobrecerá año tras año a los pensionistas actuales y futuros.

Tras dejar claro que la propuesta del Gobierno tendrá la oposición frontal de los socialistas, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con este borrador cierra su círculo "de grandes mentiras electorales", que están "devastando" el Estado del bienestar.

Del mismo modo, el portavoz de la Izquierda Plural José Luis Centella ha anunciado que no estará en ningún pacto sobre pensiones que plantee esas medidas y ha denunciado que "el Gobierno se tiene ahora que tragar sus mentiras".

Para Centella es una "vergüenza" que se pretenda "ahorrar de los pensiones" y se aumente así la "agresión a los sectores más débiles, como demuestra que la reforma plantee un ahorro de 33.000 millones de euros en los próximos nueve años con el nuevo índice de revalorización.

El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha añadido que el Gobierno plantea con "argumentos tramposos" una reforma "profunda" y "opaca", que va a provocar una "pérdida brutal del poder adquisitivo" de los pensionistas.

Por su parte, el portavoz adjunto de CiU Pere Macías ha recordado que cualquier decisión que afecte a las pensiones debe acordarse en el marco del Pacto de Toledo y ha avanzado que el deseo de su grupo es que encontrar una fórmula para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en ese escenario.

Aitor Esteban, del PNV, ha asegurado que no entiende la "obsesión del Gobierno de querer vender a la opinión pública" que va a haber una subida continuada de las pensiones y, por tanto, del poder adquisitivo de la ciudadanía, cuando está "claro que con el plan que ha presentado esto no va a ser así".

Desde UPyD, el diputado Toni Cantó ha mostrado su preocupación por que se hable del recorte del gasto en pensiones "como si fuera un ahorro, porque los que van a terminar pagando eso son los españoles".

También se han referido hoy los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso al riesgo de que no se llegue a cumplir el objetivo de déficit para este año.

Así, Soraya Rodríguez ve preocupante que el Ejecutivo no haya sido capaz de controlar ni el déficit ni la deuda pública y ha recordado que cuando Rajoy llegó a la Moncloa la deuda estaba en el 67 por ciento del PIB y dieciocho meses después es del 92,2 por ciento en el primer semestre.

Macias (CiU) ha reconocido que las cifras conocidas son "preocupantes" y "nada positivas", especialmente las que afectan a las Administraciones del Estado, y ha afirmado que "el Gobierno debe hacer los deberes".

"Tenemos la sensación de que mientras las comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho los deberes, la Administración del Estado no los ha hecho", ha señalado.

En esa misma línea, Esteban ha recordado que el PNV ya dijo que era "muy difícil" que se cumpliera y ha opinado, no obstante, que dado que el Gobierno "hace presión" a las comunidades autónomas para que cumplan el déficit, "también tiene que aplicarse la cartilla".

Centella cree que los datos demuestran que España está intervenida y que las comunidades autónomas no son culpables de la situación del déficit, como ha planteado el Gobierno en un intento de dar una "vuelta de tuerca más" al centralismo.




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