El Real Zaragoza ha presentado al Juzgado de lo Mercantil número dos de Zaragoza una propuesta de modificación del convenio de acreedores que hoy mismo debía entrar en vigor, con un primer pago anual de 1,36 millones de euros. Este novedoso mecanismo está amparado por la reforma de la Ley Concursal de mayo de 2015, un nuevo texto que permite al deudor, en este caso la SAD aragonesa, la modificación de un convenio de acreedores suscrito bajo el marco de la antigua norma si cae en causa de incumplimiento o prevé hacerlo, siempre y cuando se haga dentro de un plazo de dos años posteriores a la aprobación de la nueva ley. De esta forma, el convenio original queda en suspenso y con él sus derechos y obligaciones: ningún acreedor podrá declarar incumplimiento si el Zaragoza no paga, por lo que el club no incurriría así en causa de liquidación. Queda, de este modo, blindado por la nueva ley hasta que el juez dicte sentencia.

El Real Zaragoza ha trasladado a los juzgados dicha solicitud de modificación, apoyando la documentación con un plan de viabilidad. El objetivo es renegociar con los acreedores ordinarios un nuevo escenario de quitas y esperas, una refinanciación que debería plasmarse, cumplido el procedimiento, en un nuevo convenio y en un nuevo calendario de pagos. Para que el juez apruebe la modificación reclamada por el Real Zaragoza, deben adherirse a la nueva propuesta el 60% de la masa pasiva calculada con arreglo a lista de acreedores ordinarios modificada. Ahora mismo, el Zaragoza debía hacer frente a pagos de acreedores ordinarios por valor de 27,2 millones de euros, cantidad resultante del proceso de quita del convenio aprobado en 2012. Entonces, aceptó la propuesta un 53%, una mayoría suficiente para cumplir con el requisito legal. Ahora, el Zaragoza negocia nuevos acuerdos de refinanciación para alcanzar ese 60%.

De momento, el club está encontrando buena predisposición. La mayoría de la deuda con acreedores ordinarios -que son los primeros en cobrar- la aglutinan futbolistas, clubes, agencias de representación... El Zaragoza lleva ya varias semanas de conversaciones con dichos colectivos a través de los servicios jurídicos y, en líneas generales, el club es optimista de poder reunir ese 60% de adhesiones. El escollo más relevante lo está presentando, precisamente, el principal acreedor ordinario: el Shakhtar Donetsk, club ucraniano con el que se generó una deuda de 13 millones por el llamado ‘caso Matuzalem’. Esa cantidad sufrió una quita del 50% hace cuatro años, hasta los 6,5 millones de euros que aún se le adeudan y que están normalizados en el convenio original.

El Zaragoza ha emprendido negociaciones porque se trata de un acreedor estratégico para la modificación: de los 27,2 millones del pasivo regularizado en el convenio, 6,5 millones están contraídos con el Shakhtar. Es decir, un 23,9% del total de los pagos deben efectuarse al club ucraniano, casi la mitad de ese 60% requerido para sacar adelante un nuevo convenio. Otros acreedores relevantes con los que el Zaragoza ha negociado son el Milan (3 millones por el traspaso de Oliveira) o la agencia Promoesport, propiedad del agente Rodri Baster. Hay clubes como el Alajuelense que sí han mostrado predisposición para aceptar la oferta del Zaragoza: el pago de un 60% de los 486.500 euros que se le adeudan (cerca de 300.000 euros). Este monto se deriva del litigio por el fichaje de Diego Estrada, futbolista costarricense fichado en 2011 para el filial que no llegó a debutar con el primer equipo.Los pagos, en suspenso

Una de las medidas principales de la solicitud de modificación del convenio concursal es que el Zaragoza no debe comenzar hoy a cumplir el calendario de pagos. Después de los tres años consecutivos de carencia recogidos en el primer convenio si el equipo competía en Segunda División, el 1 de julio debía comenzarse a abonar esa deuda, con un desembolso inicial de 1,36 millones de euros. Sin embargo, el Zaragoza, ahora, no deberá pagarlos con carácter inmediato. Mientras se encuentra en trámite la modificación del convenio –proceso que arranca cuando se presenta en el juzgado–, ningún acreedor podrá instar la declaración de incumplimiento, por lo que quedan en suspenso las medidas derivadas de un posible impago.

El convenio aprobado en 2012 establecía un calendario de pagos de ocho años, con carencias de tres años consecutivos o cinco alternos si el Zaragoza estaba en Segunda. Los pagos no son lineales, sino crecientes, por lo que se comenzaban con desembolsos más asequibles. Del total de 27,2 millones del convenio (con acreedores ordinarios), debían pagarse hoy 1,36 millones, para luego, en progresión ascendente, abonar: 1,90 millones (2017), 2,44 millones (2018), 2,99 millones (2019), 3,80 millones (2020), 4,35 millones (2021) y dos pagos finales de 5,16 millones (2022 y 2023). Al margen de estas cantidades, quedan otros frentes de deuda, como el convenio singular que debe cumplirse con Hacienda.