La Policía podrá parar y suspender un partido de fútbol por actos racistas
Interior dota de más herramientas y competencias a las Fuerzas de Seguridad para evitar que se repitan casos como el que sufrió Vinicius en Mestalla.
Los escándalos recurrentes sucedidos el curso pasado por los insultos racistas vertidos contra Vinicius, que adquirieron especial relevancia en el choque liguero Valencia-Real Madrid disputado en Mestalla el pasado 21 de mayo, han hecho actuar al ministerio del Interior para dotar de nuevas herramientas a las Fuerzas de Seguridad del Estado que le permitan incluso exigir que se pare o se suspenda un partido.
El ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha presentado una instrucción en la que da la capacidad a los mandos policiales a cargo de la seguridad de un partido para instar a los árbitros a no dar inicio, parar o suspender un encuentro deportivo parcial o definitivamente cuando consideren que los incidentes racistas sean graves. También tendrán capacidad para decidir el desalojo del estadio al completo o una parte de este «en supuestos urgentes de alteración de la seguridad pública o grave riesgo para la misma».
Según ha informado Interior, esta nueva medida entrará en vigor de cara a la próxima temporada que comienza el fin de semana del 11 de agosto. La directriz gubernamental marcará las pautas a seguir en encuentros «de la máxima categoría de competición profesional de fútbol y baloncesto». Se fundamenta en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de 2007, y tiene como objetivo que se repitan episodios racistas como los que afectaron a Vinicius y que dejaron en pésimo lugar la imagen del fútbol español, con críticas de racismo llegadas sobre todo desde Brasil.
A partir del curso venidero, las competencias para suspender el encuentro serán compartidas por la Policía y el árbitro, y la decisión debe ser tomada en principio de común acuerdo en función de la gravedad de lo sucedido. Además, los mandos policiales analizarán sobre la marcha la posible evolución de los hechos tras anunciar la suspensión o el desalojo, y hasta el propio desarrollo de la competición.
Depurar responsabilidades
En caso de que tras los llamamientos del delegado de campo por megafonía, realizados a instancias del juez de la contienda, no se restablezca el orden, el mando policial tendrá la capacidad, sin necesidad de acuerdo con el árbitro, de tomar la decisión que considere pertinente solo informándole de ella.
Este documento también informa de posibles sanciones al club organizador del evento si, como suele ocurrir en el fútbol español, es permisivo con los radicales, con esas «peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados» que no cumplan la ley contra la violencia y el racismo en el deporte.
Para el club propietario del estadio en cuestión también podría haber sanciones si no colabora para resolver y erradicar este tipo de conductas. Además de un aumento de las capacidades de la Policía, esta tendrá que, cuando se produzca un incidente, reportar en un informe la gravedad de lo sucedido en busca de depurar responsabilidades en todos los ámbitos, ya sea penal, administrativo o disciplinario.
El radio de aplicación de esta instrucción afectará principalmente a lo que ocurra en las gradas de los recintos deportivos, pero también se sancionarán las conductas racistas en los aledaños de los estadios, en los medios de transporte que lleven a las distintas aficiones hacia un encuentro de sus equipos e incluso en las redes sociales.
El Ejecutivo ha puesto como ejemplo los vídeos en los que se escuchaban insultos a Vinicius en los accesos a Mestalla o los improperios racistas dirigidos hacia el jugador del Barcelona James Nnaji mientras entraba al Wizink Center madrileño.
