El Ayuntamiento de Zaragoza deberá asumir gran parte del coste económico de las obras de urgencia que se realizaron en el estadio de La Romareda en el año 2016, trabajos cuyo importe se elevó a 153.275 euros y que el equipo de gobierno de la corporación municipal quería endosar en su totalidad al Real Zaragoza.

Presentado el correspondiente recurso por parte del club aragonés ante los tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, este lunes se conoció la sentencia del caso. Según el fallo de dicha sentencia, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá pagar 106.245,43 euros, por obras que afectan a cuestiones estructurales del estadio, y el Real Zaragoza tendrá que afrontar el pago de 47.040,34 euros, por obras de mantenimiento de la instalación. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital aragonesa ha estimado parte del recurso que presentó el club y que rechazaba el pago de los trabajos ejecutados por el Consistorio, que reclamaba al Real Zaragoza 153.275 euros.

Así, la sociedad anónima deportiva debe responder de aquellos daños que, por acción u omisión, le puedan ser atribuidos en el adecuado mantenimiento de La Romareda; pero le exonera de cualquier responsabilidad ante los daños que se deban "al transcurso del tiempo desde su construcción o a defectos estructurales, de construcción o diseño".

El Gobierno de Zaragoza estudia la sentencia junto con los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, según indicó el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, quien ha apuntado que se sienten "satisfechos" de que se reconozca que se trataba de obras "necesarias", que no se acometieron por el club ni por el equipo de Gobierno anterior.

Muñoz señala, asimismo, que "si responsables de Urbanismo y Deportes hubieran hecho sus deberes y hubieran querido defender el interés general y económico del Ayuntamiento por encima de sus relaciones con la directiva del club atando todos los cabos sueltos, hoy la ciudad se podría haber ahorrado los 106.245 euros".

Por su parte, el Real Zaragoza emitió la noche del lunes un comunicado en el que mostró su "satisfacción" por la noticia y señaló que sus servicios jurídicos estudian con detalle el fallo judicial, sentencia que todavía no es firme y que pueden recurrir las partes en el plazo de quince días.