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Comisión de investigación de Plaza

El gerente dice que hubo un sobrecoste de 200 millones en las obras de Plaza

El gerente de la Plataforma Logística dice que las obras se liquidaron por el triple de su adjudicación.

Efe. Zaragoza Actualizada 20/10/2014 a las 16:48
Jesús Andreu, gerente de PlazaCortes de Aragón


El actual gerente de la sociedad pública Plaza, Jesús Andreu, ha cifrado este lunes en 200 millones el sobrecoste pagado en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza, unos 150 millones de diferencia entre lo certificado y lo realizado en la primera y segunda fase de urbanización y otros 50 de otras actuaciones.

En una comparecencia de casi cuatro horas en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón que analiza la gestión de Plaza y las responsabilidades políticas que pueda haber, Andreu ha detallado que el análisis técnico realizado de la segunda fase de la Plataforma y obras complementarias indica que hay una diferencia entre lo certificado y lo realizado de más de 104 millones de euros.

Ha precisado que el análisis de la primera fase se está terminado y supone más de 47 millones de pago por encima de lo realizado, lo que supone pagos a la UTE por más de 151 millones de euros de diferencia entre las dos fases.

Andreu ha explicado que en la urbanización de Plaza, sin IVA, se licitaron obras por 167 millones de euros, se adjudicaron siempre a la misma UTE por 146 millones y se liquidaron por 397 millones, casi el triple de su adjudicación, con 250 millones de euros de exceso.

Ha indicado que solo computando lo realmente ejecutado y sin modificar los precios aplicados, la obra realizada vale 246 millones, por lo que la diferencia con lo pagado es más de 151 millones, a lo que se pueden añadir otros 50 millones derivados de sobrecostes de otros edificios, lo que suma unos 200 millones de euros de diferencia.

Andreu ha explicado que cuando se hizo cargo de la gerencia de Plaza, en octubre de 2011, una de las cuestiones que más le llamó la atención es que se hacían pagos millonarios a Intecsa-Inarsa desde el año 2005 sin que hubiera un contrato por escrito.
Además, ha defendido el paso dado por Chabier Mayayo, trabajador de Acciona, quien en diversas reuniones le informó de las presuntas irregularidades, con documentación de apoyo que "daba total verosimilitud a su relato".

La sociedad, ha dicho, deberá hacer un reconocimiento a las personas que han dado pasos muy relevantes en la lucha contra la corrupción, porque una denuncia de este tipo afecta "a toda su vida", se especula incluso con sus finalidades y se le tacha de "arrepentido, delator, chantajista" por aquellos que no quieren investigar la corrupción.

Todo lo que ha comunicado en su denuncia ha sido creído por él como gerente de Plaza, por los fiscales y "corroborado por las investigaciones policiales", ha agregado.

Al tiempo que ha explicado que la documentación incluía las facturas de las reformas en los pisos y chalés de García Becerril y de sus familiares y amigos y coincidían con las que se certificaban como saneo, que no existía y que técnicamente equivalía a una superficie de seis campos de fútbol y una profundidad media de seis metros.

Al tener conocimiento se pidió un informe a los servicios jurídicos en el que se concluía que los hechos exigían la presentación de una denuncia por el Ejecutivo aragonés, la empresa pública o el denunciante y se apuntaba como órgano posible la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, ha relatado que pidió una entrevista en la Fiscalía Anticorrupción para exponer el caso -de la que informó previamente al consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón-, y que ese mero hecho ya constituía una denuncia verbal que se investigaría de igual modo, por lo que decidió firmarla él personalmente.

Ha indicado además que Mayayo le transmitió su temor a perder el empleo por denunciar los hechos y a que la localidad de la que en ese momento era teniente de alcalde por el PSOE, Lobera de Onsella, perdiera las subvenciones para varias obras comprometidas con la Diputación de Zaragoza, y sus previsiones se cumplieron porque "se suprimieron".

Sobre este punto, el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha recriminado a Andreu que haya acusado al presidente de la Diputación de Zaragoza de prevaricar por asegurar que se retiraron subvenciones y le ha pedido que rectifique.

Al respecto, el gerente de Plaza ha subrayado que desconoce el funcionamiento de esa institución en la concesión de subvenciones y que Mayayo fue el que le contó sus preocupaciones.

Sada ha aportado a la comisión un documento manuscrito de Andreu, que según ha explicado el gerente de Plaza, aportó a la Fiscalía Anticorrupción y se corresponde con las notas que tomaba de lo que Mayayo le relataba, concretamente sobre su temor a perder el empleo y un listado de obras para su pueblo, y ninguna de ellas se ha hecho, ha señalado Andreu.

En respuesta a preguntas de la portavoz de IU, Patricia Luquin, sobre el papel de los técnicos en el "desgobierno" que ha descrito de Plaza, ha indicado que "certificaban cosas que sabían que no estaban ejecutadas", algo que le parece "de una responsabilidad importante" y desconoce por qué lo hacían.

Luquin ha mostrado su "estupor" ante irregularidades que parecen "obvias" si realmente nadie sabía de la vinculación de pagos millonarios con Intecsa-Inarsa solo con un contrato verbal.
Y, en este aspecto, Andreu ha considerado que cualquier auditoría lo tenía que haber visto, y ha apuntado que si los miembros del consejo de administración no vieron esta circunstancia probablemente sea porque no se les dio la información correcta.

Además, ha indicado acerca del papel desempeñado por los servicios jurídicos, que había asesores externos, el principal dedicado a cuestiones mercantiles y societarias, mientras que ha opinado que el director jurídico interno "era muy obediente a las indicaciones del gerente".

También, en respuesta a preguntas del portavoz de CHA, José Luis Soro, sobre si cree que éste es un caso de "corrupción política", Andreu ha matizo que él entiende por corrupción cuando ha habido irregularidades a favor de unas empresas a cambio de pagos a particulares.

Si se hubieran pagado 150 millones de euros de más por "error" sería "verdaderamente llamativo", pero en este caso, por las denuncias, lo que hay son pagos directos desde la UTE a una serie de particulares "para que puedan proceder a hacer sobrecostes en las obras", ha dicho Andreu.

Además, ha considerado que ha habido algo más que un mal funcionamiento desde el ámbito técnico, y tras indicar que las responsabilidades jurídicas las deben dirimir los jueces, ha opinado que es "obvio" que hay "responsabilidades muy generalizadas". 




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