vivienda pública
La DGA y el Ayuntamiento construirán 1.000 viviendas de alquiler asequible en Zaragoza
Las promotoras levantarán los pisos en derecho de superficie y el Gobierno autonómico correrá con parte del arrendamiento durante los próximos 15 años.
Mil nuevas viviendas públicas de alquiler, destinadas mayoritariamente a jóvenes con dificultades para la emancipación y diseminadas por los barrios consolidados de Zaragoza. Es la base del plan que han anunciado este martes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. Ambos han rubricado un protocolo de colaboración institucional para impulsar la construcción de estos pisos, que se llevará a cabo a través de la colaboración público-privada, mediante la fórmula de derecho de superficie.
El objetivo es que las obras comiencen en el segundo semestre del próximo año 2025 para que en 2027, y antes de que culmine el actual mandato, las familias seleccionadas ya puedan entrar a vivir. Las cifras son elevadas: el proyecto supondrá una inversión estimada de 120 millones de euros y la creación de alrededor de 3.000 puestos de trabajo. Los inmuebles se ubicarán en Las Fuentes, Torrero-La Paz, Picarral, Delicias, Barrio Jesús, Valdespartera y el Actur, en unos solares que ya han sido seleccionados.
El plan podrá ejecutarse gracias a la aprobación de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales impulsada por el Gobierno de Aragón, que permitirá edificar los pisos en estos terrenos. También se usarán otros considerados de reserva, que no se habían desarrollado en muchos años ni estaba previsto que se hiciera próximamente. Las distintas parcelas se sacarán a concurso público en libre concurrencia competitiva para el otorgamiento de derechos de superficie o concesiones administrativas. Y para cumplir los plazos marcados, los técnicos trabajarán de manera "prioritaria" para que los pliegos de condiciones estén listos antes de las vacaciones de verano.
El sistema escogido permitirá garantizar la titularidad pública y la reversión de los pisos a manos de ambas administraciones tras los plazos establecidos en las concesiones, que normalmente alcanzan los 75 años, tal y como ha señalado Jorge Azcón. Las promotoras que construyan los inmuebles explotarán los pisos y deberán fijar un precio para el alquiler, que se ajuste al máximo que llegado el momento establecerá la DGA. Para conseguir que sea un importe asequible, será el Gobierno de Aragón quien se encargue, durante un periodo de 15 años, de sufragar parte del importe mensual que se cobrará a los inquilinos.
Aproximadamente, y en función de las características de cada piso, las empresas percibirán entre 500 y 700 euros al mes, pero los residentes abonarán entre 300 y 500. La diferencia la aportará el ejecutivo autonómico en función de la renta de cada familia, por lo que a lo largo del periodo en el que estará vigente la medida la idea es que se destinen 40 millones de euros del erario público, a razón de unos 2,5 millones al año. La intención, según ha informado el presidente, es que las familias no destinen a la vivienda más de un 30% de sus ingresos.
Serán las instituciones las encargadas de seleccionar a los inquilinos, y aunque alrededor de un 80% serán jóvenes, el porcentaje restante se abrirá a otros colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad por diversas razones. Pasados los 15 años, aunque el precio del alquiler seguirá estando limitados, ya no se destinarán más subvenciones. Aunque los detalles se decidirán más adelante, la idea es que los pisos cumplan "con los últimos estándares en calidad y eficiencia energética" y tengan entre 70 y 90 metros cuadrados. Serán sobre todo de una y dos habitaciones, aunque también podría haber de tres.
Tanto Azcón como Natalia Chueca han insistido en remarcar el carácter "histórico" que aseguran que tiene este acuerdo. "Esta nueva etapa de colaboración, lealtad y trabajo conjunto trae resultados positivos para todos. No solamente no competimos, sino que nos ayudamos. Es esencial que estas viviendas vean la luz", ha señalado el presidente. "Los zaragozanos van a ser los principales beneficiados. Esto es lo que entendemos por solucionar los problemas reales de la gente", ha insistido por su parte la alcaldesa.
Para ello, precisamente, los pliegos se convocarán de manera coordinada, con criterios y condiciones homogéneas, para que todas tengan el mismo atractivo para los licitadores y las ofertas no se orienten hacia una u otra por resultar más ventajosa, independiente de qué institución los impulse.
La ubicación de las nuevas viviendas públicas de alquiler de Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza se encargará de gestionar la construcción de 500 pisos repartidos en suelos municipales de Las Fuentes (entre Miguel Servet y la Ronda Hispanidad), Torrero-La Paz (junto al campo de fútbol José Luis Violeta), Picarral (San Juan de la Peña con Alcalde Caballero), Delicias (junto al IES Santiago Hernández) y el Barrio Jesús (junto al río Ebro). Mientras, la DGA se ocupará de los ubicados en Valdespartera (junto a las plazas de Cleopatra y Viaje a la Luna) y el Actur (en María Zambrano junto a Manuel Marraco Marrón).
