Vanesa Muñoz Pujol, de 30 años, y su pareja, Cristian Lastanao Vallenilla, de 35, presenciaron este miércoles desde la cárcel, a través de videoconferencia, la vista por el recurso contra la sentencia de prisión permanente revisable que les fue impuesta por el asesinato de Laia, de tan solo dos años, hija de la primera. 

Sus respectivos abogados solicitaron a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que revoque la sentencia, dictada por el magistrado-presidente del jurado, Alfonso Ballestín, y los absuelva o que la anule y repita el juicio.

Sin embargo, el fiscal, Enrique Pera, planteó que los magistrados no pueden valorar de nuevo las pruebas, las cuales fueron totalmente válidas y permitieron que el jurado alcanzara un veredicto "dentro de las reglas de la lógica y de la razón". Por eso, pidió que se mantenga en todos sus términos.

Este ha sido uno de los crímenes que más conmoción ha causado en la sociedad aragonesa en los últimos años por la crueldad que la madre y el padrastro mostraban con la niña. Un jurado popular declaró a ambos culpables de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y los responsabilizó de los malos tratos que la niña sufría de manera “continuada, persistente y habitual” en el domicilio de la calle Isabel Sánchez Arbós, en el Picarral, donde convivía con sus otros tres hermanos.

La conclusión de los forenses que la examinaron, tras haber permanecido 48 horas agonizando en su casa con el duodeno roto de un golpe y una peritonitis, fue escalofriante. Los médicos detectaron hasta 101 lesiones en un cuerpo de apenas 15 kilos: 73 recientes y 28 antiguas, repartidas en el cráneo, cara, tórax, abdomen y extremidades. Pero además, el análisis de tóxicos reveló que le habían suministrado de forma continuada, al menos durante los seis meses anteriores a su muerte, cocaína y cannabis y apreciaron trazas de Venlafaxina (antidepresivo) y de Zolpidem (hipnótico).

Durante el juicio, Vanesa Muñoz y Cristian Lastanao se culparon mutuamente de la muerte de la niña. La madre atribuyó a su pareja no solo el golpe que rompió el duodeno a la pequeña, sino los malos tratos continuados que sufría y que, según su declaración, se producían en su ausencia. Su abogada, Teresa Font, mantuvo esta tesis ante el TSJA este miércoles e incidió en que no se individualizó las acciones de cada uno y cual fue la que, a la postre, le causó la muerte y que achaca al padrastro.

Sin embargo, el fiscal expuso que existen una “pluralidad” de acciones atribuibles a los dos, que ambos tenían el “dominio del acto”, golpeaban “conjunta o separadamente” a la menor y “cada uno aceptaba lo que hacía el otro”. Además, señaló que la causa de la muerte no fue “la falta de asistencia médica” (no llevaron a la niña al hospital) sino la rotura del duodeno y la peritonitis posterior.

Por su parte, las dos acusaciones particulares -la que ejerce el abogado Manuel Hatero en nombre del padre biológico de Laia, y la que dirige Pilar Camps en representación de la Generalitat de Cataluña, quien tiene la tutela de la hermana mayor de la víctima- solicitaron al tribunal que confirme la sentencia. Mientras, el defensor de Cristian Lastanao indicó al término de la vista que acudirá al Supremo o hasta Estrasburgo si hace falta para que absuelvan a su cliente, ya que la responsabilidad fue de la madre.