zaragoza
Acusada de apropiarse de 3.800 euros en los seis días que cuidó a una mujer con alzhéimer
La Policía Nacional identifica a Johanna E. M. en tres grabaciones de los cajeros en los que se empleó la libreta de la que salió el dinero y que ha desaparecido.
Fueron seis días a finales de agosto del año pasado en los que en cinco veces se extrajeron 3.800 euros de una libreta bancaria y en los que desaparecieron alrededor de otros 800 que estaban guardados en una cómoda. Un periodo de tiempo que coincide con las fechas en las que Johanna E. M., a la que se le acusa de estafa, estuvo contratada para atender a la mujer septuagenaria a la que pertenecía la cartilla y que padece alzhéimer de grado 5, lo que le impide, entre otras cosas, tener gobierno en sus decisiones, discernir en quién confiar y que le impide hacer cualquier tipo de gestión bancaria.
El juicio se celebró este miércoles en la Audiencia Provincial de Zaragoza y tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo de Alejandro Soteras y Andrés Moreno, apuntan a que fue Johanna E. M. quien se aprovechó de la condición en la que se encuentra la mujer. Según la hija de la víctima, que declaró como testigo, la acusada se hizo con la libreta -que ha desaparecido-, en la que estaba apuntado el PIN, y con el dinero en metálico que había en el domicilio para los gastos corrientes. La hija expuso que durante aquellos días, del 22 al 28 de agosto, fue la única que tuvo acceso a todo ello. La acusada, representada por el abogado, Fernando Octavio de Toledo Sáez, lo niega.
Clave en el caso son las grabaciones de los cajeros en los que se realizaron las extracciones. En tres de las cinco, según los dos agentes de la Policía Nacional que han investigado la denuncia, quien aparece sacando dinero es la acusada. “Estoy seguro al 100%, no hay ningún tipo de duda”, recalcó uno de los funcionarios públicos. Ella, en cambio, no lo reconoce y, de hecho, en el visionado durante el juicio, al ser preguntada por la presidenta del tribunal indicó que no usa el tipo de camiseta que viste la persona que aparece. En las imágenes se ve a una mujer morena con coleta y gafas de sol, mientras que ella acudió a la Audiencia con gafas rosas para ver y el pelo suelto.
La contratación de Johanna E. M., puede considerarse una medida de urgencia. El compañero y cuidador de la perjudicada cayó enfermo y tuvo que ser hospitalizado y la hija estaba en el extranjero. Fue ésta, preocupada porque su madre no podía estar sola, la que se dirigió a una agencia de colocación para que le proporcionase una interna.
Las versiones sobre lo sucedido a lo largo de esos seis días difieren. Johanna E. M. aseguró que en un principio fue contratada para limpiar en la casa y que fue una vez ya en ella cuando supo que también debía atender a la mujer. Defiende que en el domicilio a lo sumo había 300 euros y que recibió la autorización de la pareja de la mujer a la que cuidaba para que se sirviese de ellos para asuntos como hacer la compra o pagar el taxi con el que a diario acudían a visitarlo al hospital. “Déjalo, chica que da igual”, aseguró que le dijo al presentarle alguno de los tiques que no conserva.
La hija, en cambio, comentó que a la empresa de colocación le había dejado claro que precisaba de alguien que vigilase a su madre las 24 horas. Además, expuso que el compañero de su madre le dijo que unos días antes de su ingreso había sacado 950 euros de los que debían quedar 880. A diferencia de lo relatado por Johanna E. M., solo tiene constancia de un par de desplazamientos al centro hospitalario y en esas visitas, según se le contó, la acusada ni siquiera entró en la habitación.
Cuando la hija regresó a Zaragoza lo que se encontró en la casa fueron 70 euros. Además, la nevera estaba casi vacía, en la basura vio latas de bebidas energéticas y había fruta podrida. Johanna E. M. fue despedida y de hecho existe una demanda de conciliación laboral en la que reclama la nómina que no percibió.
La Fiscalía, con la adhesión de la acusación particular solicita para Johanna E. M. -que el año pasado fue condenada por hurto en otro caso-, cuatro años de cárcel por un delito de estafa con abuso de confianza o de dos años y seis meses en caso de que no se tenga en cuenta la agravante. También incluye una multa de ocho meses a ocho euros diarios y el pago como responsabilidad civil de los 3.800 euros sustraídos de la libreta, los 880 que se afirma que había en la casa y 90 en concepto del cambio de cerradura. La defensa solicita la absolución.
