tribunales
Prisión para dos hermanos por sustraer datos secretos de su empresa de Zaragoza y usarlos para desprestigiarla
Han sido condenados a dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos.
Dos hermanos que decidieron vengarse de su empresa difundiendo falsedades entre los clientes acaban de ser condenados a dos años de prisión y doce meses de multa (1.700 euros) por un delito de revelación de secretos.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza declara probado que el acusado Javier B. H. accedió a toda la información de la empresa sin estar autorizado utilizando las claves de acceso de la jefa de la oficina comercial aprovechando que estaba de baja. De esta forma se hizo con unos 4.500 archivos que acumuló en el servicio en la nube de Microsoft que la empresa había puesto a su disposición mientras trabajó como asesor comercial entre 2013 y 2019.
Pero, aunque eliminó la gran mayoría de los datos corporativos, olvidó vaciar la papelera de reciclaje lo que permitió al responsable de informática de la compañía constatar lo que había ocurrido.
Según la jueza, Javier B. H. compartió la información con su hermano Roberto, el cual, en noviembre del 2018 había sido despedido por causas objetivas y, en venganza, quería perjudicar a la empresa. De esta forma, entre abril y octubre de 2019, Roberto B. H. contactó por teléfono con clientes, entidades bancarias y proveedores para decirles cosas como que "tuvieran cuidado" porque la empresa tenía "muchos problemas", no iban a "cobrar los pedidos", estaba siendo "inspeccionada" por Hacienda e incluso había tenido "redadas" de la Policía y la Guardia Civil.
A una de ellas llamó informando de que "representaba a un grupo de empresarios del sector" que se iban a "querellar contra la mercantil por competencia desleal" porque vendía muy barato; la estaba inspeccionando Hacienda y la iban a cerrar sin poder servir su pedido. A otra le dijo que la Policía había hecho una redada, la empresa iba a cerrar y no iba a pagar el encargo que le había hecho.
El acusado contactaba con los clientes en momentos precisos, conociendo por los datos sustraídos la agenda de los comerciales y las reuniones que pensaban mantener.
La sentencia cita una llamada que Roberto B. H. hizo el 25 de julio de 2019 tras una entrevista de un responsable de la empresa con una empleada del Banco Sabadell en la que se había aprobado una operación financiera de 750.000 euros para comprar una nave y ampliar sus instalaciones. Tras el encuentro e incluso antes de que la representante del Sabadell regresara a su oficina, el acusado llamó anónimamente pidiendo que "se informara a esta persona" de que la empresa que estaba visitando estaba inspeccionada por Hacienda y era insolvente porque estaba arruinada.
Durante el juicio, los acusados negaron los hechos y trataron de demostrar que ni uno había sustraído los datos y ni el otro había hecho las llamadas. Pero la magistrada entiende que existen indicios suficientes para afirmar, sin ningún género de dudas, que fueron ellos y no otras personas los autores de los hechos.
Entre esos indicios, recoge la sentencia del Juzgado de lo Social que confirmaba el despido procedente de Javier B. H. por usurpar la identidad de la compañera para acceder a los datos. Para condenar, la juez también ha tenido en cuenta los informes de detectives y peritos contratados por la empresa para averiguar lo que estaba ocurriendo.
La mercantil encargó un peritaje de las cuentas de esos meses y calculó en 300.000 euros el quebranto económico sufrido, pero la magistrada no tiene claro que fuera esa cantidad y fija en 6.000 euros la indemnización por vulnerar su imagen y buen nombre comercial, y otros 6.059 por los gastos de peritajes. Además, impone a los acusados –a los que absuelve de coacciones– la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, a cargo del abogado José Palacín. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia.
