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Una obra chapucera en Zaragoza puede costar a un constructor casi cinco años de cárcel

La Audiencia juzga le hoy por un presunto intento de engañar al juez para no indemnizar a un cliente. 

Imagen de un obrero colocando unas baldosas.

La Audiencia de Zaragoza sentará este martes en el banquillo de los acusados a Ismael G. G., un constructor de Pastriz para el que la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión por su presunto intento de engañar a un juez para hacerle creer que era insolvente y no tener que indemnizar a un cliente por una chapucera obra. La acusación pública le atribuye un delito de estafa procesal y otro de alzamiento de bienes, y además de la pena de prisión solicita 9.720 euros en multas.

El investigado fue condenado a indemnizar con 18.039 euros –más otros 7.157 de las costas procesales– a la junta de propietarios de un céntrico garaje de Zaragoza por la defectuosa reparación de una fuente ornamental que provocaba filtraciones. El constructor recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial se limitó a confirmarla, volviendo a dar la razón a los afectados. Sin embargo, el autor de la obra seguía sin indemnizarles, por lo que se vieron obligados a instar la ejecución de sentencia.

Cuando en febrero de 2021 el juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza pidió al constructor una relación de bienes y patrimonio, este aportó una serie de documentos con los que logró frenar un embargo. Según el ministerio público, lo que hizo en realidad fue ganar tiempo para vaciar sus cuentas corrientes y aparentar una falsa insolvencia.

La Fiscalía dice en su escrito de calificación que Ismael G. G. hizo importantes extracciones en una de sus cuentas "para eludir la traba de bienes y el pago de la deuda contraída con la comunidad de propietarios". Según la acusación pública, cuando ya sabía que había sido condenado a indemnizar a los dueños de los garajes por la chapucera obra, el encausado extrajo casi cien mil euros.

La partida más importante, 78.555 euros, se retiró mediante una transferencia con el concepto "préstamo a socio". En otro traspaso de dinero de 5.000 euros el investigado hizo constar "transferencia a socio". Según el ministerio público, los otros 13.730 euros se extrajeron en efectivo. De tal manera que, a fecha 19 de octubre de 2021, en el banco solo había 50 euros, dinero insuficiente para hacer frente a su deuda.

La comunidad de propietarios se ha personado en la causa como acusación particular y solicita una pena de cárcel similar: cuatro años y ocho meses. Sin embargo, el delito que le atribuye al dueño de la empresa de reformas es el de frustración de la ejecución en forma continuada. También acusa a la empresa promotora como persona jurídica y solicita una multa de 6.480 euros. La defensa niega los hechos.

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