Zaragoza necesita inversiones en depuración
La contaminación del río Queiles, que ha dejado sin agua de boca a un municipio tan importante como Tarazona, pone el foco en la importancia de la red de saneamiento y depuración, que necesita incorporar la última tecnología para garantizar los máximos estándares de calidad. En este contexto, el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), antes denominado ICA, nace para que se aplique no solo el principio de quien contamina paga, sino como una de las vías de ingresos de los planes de mejora del sistema.
Zaragoza, por tener la mitad de los habitantes de Aragón, es el municipio donde más IMAR se recauda. Bajo esta premisa, parece lógico que reciba las inversiones necesarias por parte del Gobierno de Aragón para mantener y mejorar sus infraestructuras de depuración.
No es así. Un dato: solo está previsto que lleguen a la ciudad 5,8 millones de euros de los 142 del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, un programa inversor que se ejecuta entre 2022 y 2027. La Cámara de Cuentas ya advirtió del agravio que supone que la ciudad quede prácticamente excluida del reparto de fondos.
Atender las necesidades de Zaragoza no implica vulnerar el principio de solidaridad territorial, sobre todo con el Pirineo. Se trata solo de ser justos. También en la capital urgen las inversiones, como por ejemplo en la nueva depuradora que debe sustituir a la actual de La Cartuja, que el Ayuntamiento sufragó en solitario. Eso no debería ocurrir otra vez.
El Consistorio y la DGA tienen que abordar de una vez la mejora de la red de depuración de aguas de la capital. La coincidencia política debería facilitar los acuerdos. No tendría sentido que la cumbre bilateral prevista entre las dos instituciones para el próximo mes de noviembre dejara fuera del orden del día la gestión del saneamiento y depuración de aguas de la ciudad, que no solo es un problema medioambiental local. Aragón no puede dejar a Zaragoza sola en esto.
