Juzgan al dueño de una empresa por la caída de un trabajador desde 14 metros de altura
El empleado sufrió múltiples fracturas en piernas, brazos y cara, tardó 619 días en curar y tiene numerosas secuelas.
Ignacio R. C., gerente de una empresa de construcción, deberá responder este lunes ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza por las graves lesiones sufridas por uno de sus trabajadores. El obrero se encontraba haciendo un trabajo técnico en altura cuando se precipitó desde una altura aproximada de 14 metros. La caída casi le cuesta la vida y sufrió una decena de fracturas en las extremidades, la cara y las costillas. La recuperación fue dura y larga (619 días) y le han quedado secuelas físicas –funcionales y estéticas– y psíquicas.
De hecho, el accidente se produjo en agosto de 2020 y, en la actualidad, el trabajador sigue en tratamiento psiquiátrico y está pendiente de una operación dental, producto de la fractura de mandíbula y las pérdidas de incisivos y molares que le causó la caída.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el abogado José Cabrejas, coinciden en que Ignacio R. C. cometió un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones por imprudencia grave. En lo que no están de acuerdo es en las penas –la fiscalía pide 1 año y 11 meses de cárcel y la acusación 3 años y medio– y en la indemnización, pues mientras el Ministerio Público la cifra en 202.000 euros, el abogado dobla la cantidad y solicita 300.000 por las lesiones y secuelas y 100.000 euros más por el grado de incapacidad que le ha sido reconocido.
Por su parte, tanto la defensa del acusado como de la compañía aseguradora Zurich, piden la absolución ya que consideran que Ignacio R. C. no tuvo ninguna responsabilidad en el siniestro.
El accidente tuvo lugar en el edificio número 17 de la calle de Alonso V de Zaragoza. El trabajador estaba en la fachada del patio de luces desmontando los tubos de salida de humos y tuberías colgado con un arnés, con las líneas de vida y un dispositivo anticaída. Para situarse en la fachada existían tres cuerdas, dos que la recorrían entera y una tercera que, en principio, se utilizaba para subir y bajar material y que llegaba solo hasta el cuarto piso.
La caída se produjo porque el obrero utilizó para el descenso esta última cuerda, que previamente el acusado había cortado para que llegara hasta el cuarto, según mantienen las acusaciones. Las otras dos no las podía usar para bajar porque una de ellas quedaba justo por encima de los tubos y la otra tenía el dispositivo anticaídas.
Las acusaciones alegan que, además de no tener la longitud necesaria para descender con seguridad, Ignacio R. C. no se encontraba en el lugar de los hechos en el momento del accidente pues se había ausentado de la obra "incumpliendo su labor de vigilancia" de las medidas de seguridad. A su juicio, debería haber vigilado la correcta ejecución de los trabajos "dada su peligrosidad, la altura y modo en que se estaban desarrollando".
Entienden que, como gerente, era también el "único responsable de riesgos laborales" de la empresa, con funciones que abarcaban "toda la organización, control y supervisión tanto de los trabajadores como de los elementos empleados para la ejecución de las obras". Y también de "velar, establecer y exigir" que se cumpliesen las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo para la integridad de los trabajadores.
El obrero accidentado había recibido un curso de prevención de riesgos laborales en materia de construcción de 20 horas de duración en septiembre de 2018 y no tenía excesiva experiencia en trabajos verticales.
