energía
Aragón suma ya 22 comunidades energéticas para afrontar la escalada de precios de la luz
Los proyectos de autoconsumo colectivo proliferan en el medio rural pero sufren la lenta burocracia. El Ministerio cierra hoy una convocatoria de ayudas con 40 millones.
Las comunidades energéticas comienzan a abrirse paso en Aragón. Pese a las trabas burocráticas y a los obstáculos propios de quien marca el camino, los municipios están viendo en este tipo de autoconsumo colectivo una fórmula para reducir la factura de la luz en un contexto de escalada de precios. Así, hasta 22 proyectos ultiman su puesta en marcha –en diferentes grados de desarrollo– en la Comunidad, y otro buen número está en trámites. La mayoría se encuentran en el medio rural, donde la actual legislación, todavía incompleta, ofrece mayores oportunidades. Y muchos han acelerado los trámites para llegar a tiempo a la nueva convocatoria de ayudas del Ministerio, cuyo plazo se cierra hoy, y que repartirá 40 millones de euros.
El sector, no obstante, se encuentra en una fase "muy incipiente", pero "será viral en cuanto se vean los casos de éxito", pronostica Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón. La muestra más evidente de que aún se dan los primeros pasos es que el proyecto pionero en la Comunidad, el de Luco de Jiloca, tiene previsto empezar a producir esta semana tras casi tres años de trabajo. "Ser los pioneros nos ha hecho llevarnos muchas tortas, pero hay detrás un uso social, por el bien de todos, y estamos muy ilusionados", comenta Carlos Aríñez, responsable del proyecto.
Pero, ¿qué es una comunidad energética? Según la normativa española, es una "entidad jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por sus socios", que deben estar "situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables de su propiedad" y cuya finalidad sean los "beneficios medioambientales, económicos o sociales en lugar de ganancias financieras".
La fórmula más habitual es la instalación de una planta fotovoltaica –de hasta 100kW– en cubiertas o solares públicos o privados de cuya energía se benefician los socios, bien por su consumo directo, bien con el vertido a la red de los excedentes. La mayor ventaja es el ahorro de la factura, que a la espera de ver cómo funcionan los primeros proyectos, podría superar el 30%. Pero también hay efectos medioambientales y sociales.
Todo ello en la teoría, porque en la práctica sus impulsores se están encontrando con importantes barreras, que hacen que la puesta en marcha de este tipo de iniciativas se esté dilatando en el tiempo. "Están definidas en dos directivas de la UE, pero España no las han transpuesto", advierte José María Yusta, director de la Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza. Hasta el punto de que Bruselas ha amenazado con imponer sanciones por el retraso. Yusta ve necesaria una actualización normativa y, sobre todo, agilizar los trámites. "Cuesta años ponerlas en marcha, hay muchas dificultades", destaca.
No son las únicas barreras. "La base de la comunidad energética es la participación ciudadana, y eso no es fácil, menos aún en el sector energético, el segundo peor valorado por los españoles", señala Emmanuel Silva, que desde la Oficina de Transición Energética tiene registrados cerca de 380 proyectos en toda España, una veintena en Aragón. Porque no solo hay que convencer a los usuarios y resolver sus dudas, también deben ser parte activa de la gestión del autoconsumo.
Por ello, es fundamental el papel de entidades como Ecodes, que ha coordinado ya once proyectos en la Comunidad. "Nos encargamos de la comunicación y de los estudios técnicos, pero sobre todo de implicar a la ciudadanía", explica Carlos Pesqué, ingeniero de la fundación. Entre sus clientes se encuentran municipios como Hecho, Jaca o Fiscal, pero ya preparan nuevos proyectos en La Muela, Estadilla o Bailo, entre otras.
Inversión y retorno
En algunos de ellos, el reciente cambio de normativa, que amplió de 500 a 2.000 metros el perímetro permitido desde tu hogar a la instalación, fue "fundamental", como relata Manuel Díez, concejal de Medio Ambiente de Jaca. Gracias a esa modificación, la localidad va a instalar placas en unos depósitos a las afueras con capacidad para 100 kW. Suman 40 socios y hay lista de espera. "Con un pago único de unos 2.000 euros logras 1,5 kW, y si está bien dimensionado tu consumo, lo amortizas en 4 o 5 años, eso sin subvenciones", explica.
Las ayudas son clave. En Mora de Rubielos lograron en la anterior convocatoria del Ministerio 400.000 euros de los 800.000 que cuesta su proyecto. "Ya tenemos 70 solicitudes", revela su alcalde, Hugo Arquímedes. En Zaragoza el Ayuntamiento trata de desbloquear varios iniciativas en marcha, como el de Mercazaragoza o el que aprovechará las cubiertas en aparcamientos de coches.
Mientras, María de Huerva ha convencido a 165 vecinos y 5 empresas para sumarse a su comunidad energética, de 2.000 placas solares. Y en Biscarrués, la instalación se hará en un campo que ha cedido un propietario. Se han apuntado 36 casas del pueblo, y eso que "a la gente mayor le cuesta por el tiempo para amortizar", reconoce la edil Lola Giménez.
