La DGA irá a los tribunales si el Ayuntamiento no desbloquea en un mes el plan de Embarcadero
El Ejecutivo acusa a PP-Cs de paralizar dos años este proyecto y de falta de lealtad institucional. Urbanismo dice que solo quedan "flecos" para cerrar el acuerdo en una bilateral en enero.
Los decibelios que rigen desde hace meses la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siguen subiendo conforme se acercan las elecciones. En la víspera del anuncio del la candidatura a la DGA del alcalde, Jorge Azcón, el Ejecutivo envió un requerimiento formal al Consistorio, paso previo a la vía judicial, para que se desbloquee de una vez el plan especial de la calle de Embarcadero, donde la administración autonómica tiene suelo para 111 viviendas libres.
La notificación, enviada por la dirección general de Patrimonio y Organización de la DGA, se produjo pocas horas después de que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dijera que solo quedan "flecos" para cerrar un acuerdo. Pero el Gobierno de Aragón no lo ve así. En un escrito muy duro, recuerda los antecedentes de este proyecto. Indica que en marzo de 2020, en la primera reunión bilateral, las dos administraciones firmaron un convenio relativo al desarrollo de diversas actuaciones urbanísticas. Entre las que figuran como incumplidas, la DGA señala los suelos de la calle de Embarcadero. Según el convenio, el compromiso era aprobar un proyecto de plan especial para impulsar esos suelos.
De cara a la segunda bilateral, celebrada a finales de noviembre de 2021, el tema de la calle de Embarcadero volvió a la negociación. El requerimiento de la DGA recuerda que en una de las reuniones preparatorias se acordó concluir el proceso de información pública, valorar esos suelos antes de diciembre de 2021 y proceder a la aprobación del plan especial en febrero de 2022. Así quedó aprobado en el consejo bilateral del 29 de noviembre.
El conflicto del parquin
Aunque el documento no lo explicita, el motivo de las valoraciones era posibilitar la negociación de una permuta entre las dos administraciones, dado que había una controversia en torno a esos suelos ubicados en el barrio de Casablanca. Los vecinos se oponen a la construcción de pisos si esto supone la eliminación de la zona de aparcamiento allí existente.
Para atender la reivindicación del barrio, las dos administraciones empezaron a estudiar un intercambio de los suelos. No obstante, el Ayuntamiento no hizo la valoración y la DGA, pasado el verano, cargó contra Urbanismo por este y otros "incumplimientos". Las negociaciones en torno a la permuta se atascaron por discrepancias en las valoraciones, aunque en las últimas semanas se habían retomado.
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, fue optimista. "Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo respecto a la permuta", afirmó. Según explicó, "se está hablando ya de flecos", de cuestiones que tienen más que ver con "técnicas preuspuestarias" y "tratamientos fiscales". "Tenemos la predisposición y buena voluntad de cerrar un acuerdo que, desde el punto de vista municipal, satisfaga los intereses de los vecinos y que suponga que el Gobierno de Aragón pueda construir vivienda en otro sitio", declaró. De hecho, Serrano llegó a decir que habría un consejo bilateral en enero. "Hay buena predisposición. Hemos avanzado mucho estos días para preparar esa reunión", dijo.
"Inactividad municipal"
Pese a estas palabras, pocos tiempo después llegó el requerimiento. "La inactividad por parte del Ayuntamiento para cumplir lo acordado y desarrollar este instrumento de planeamiento está generando importantes perjuicios al Gobierno de Aragón", dice el texto, que recuerda que el plan especial está paralizado desde hace más de dos años.
En su opinión, el "incumplimiento" se produce "sin causa que lo justifique" y supone "un quebranto de los principios de lealtad institucional, colaboración, coordinación y responsabilidad". Según la DGA, el Ayuntamiento estaría incumpliendo la ley que regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas al no ejecutar el convenio. Y avisa de que la cuestión se debería resolver en el plazo de un mes para no acudir a los tribunales.
Fuentes de Urbanismo declinaron hacer valoraciones, al no tener constancia oficial de la recepción del requerimiento. Desde la DGA se aclaró que el escrito se produce porque el Consistorio "no ha cumplido" y es una forma de "establecer un plazo". "El Gobierno de Aragón ha atendido todos sus compromisos y ha pagado la deuda del tranvía. Pedimos que el Ayuntamiento cumpla los suyos", declaró. No obstante, explicaron fuentes autonómicas, el Ejecutivo mantiene su "voluntad" de formalizar una permuta que resuelva la situación. "Esto no es óbice para seguir hablando y llegar a un acuerdo en beneficio de los intereses de los aragoneses", concluyeron las citadas fuentes.
