"Resulta preocupante el estado integral general de la planta de depuración, así como su fragilidad ante cualquier evento o incidente”. Es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el que advierte de la delicada situación de la principal instalación para el tratamiento de las aguas residuales de la capital aragonesa. El organismo de cuenca alerta de “numerosos incumplimientos” en su funcionamiento, por lo que reclama “alternativas urgentes” a una infraestructura que está a punto de cumplir los 30 años de vida.

El informe lo ha hecho público este miércoles el PSOE municipal en rueda de prensa. La portavoz del principal partido de la oposición, Lola Ranera, ha recordado que el contrato de gestión de la planta, inaugurada en 1993, expira el próximo año, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento “abordar el modelo de depuración de Zaragoza”. En cambio, el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha defendido que las inversiones en este apartado se han disparado con el gobierno PP-Cs, y ha recriminado a la DGA que no revierta lo recaudado a los zaragozanos por el antiguo ICA en infraestructuras para la ciudad.

En cualquier caso, el informe de la CHE, que analiza todo el sistema de depuración y saneamiento de la capital aragonesa, es claro al advertir las deficiencias de la planta de La Cartuja, la de mayor vertido al río Ebro de toda la cuenca. Porque no solo señala su mal estado, también asegura que su diseño “no permitiría, a priori, mejoras deseables y previsiblemente exigibles a futuro en el contexto de cambio climático y presión existente sobre las masas de agua receptoras de los vertidos”.

La Confederación, que también reconoce las inversiones realizadas por el Consistorio en los últimos años para actualizar los sistemas de depuración, advierte en cambio de problemas en estaciones de bombeo como la de El Vado, en los niveles permitidos de vertido o en la necesidad de la construcción de más tanques de tormentas, que permitan una gestión más eficaz de las aguas de lluvia.

“De todo lo anterior -indica el documento, fechado en septiembre del año pasado-, se deduce la urgente necesidad de valorar alternativas para un tratamiento mayor y más seguro de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza, de forma que se garantice el cumplimiento en todo momento de los límites de vertido exigibles al mayor vertido urbano de la cuenca, el cual cuenta además con una sustancial carga industrial”.

La CHE, además, se aventura a proponer algunas soluciones. Desde la “sustitución o ampliación” de la instalación de La Cartuja, hasta la “construcción de una tercera planta de tratamiento en la ciudad, siendo deseable que diera servicio preferentemente a la margen izquierda del río Ebro”.

Bronca política

Ante estas conclusiones, Ranera ha reclamado al gobierno PP-Cs acometer las inversiones necesarias de forma “prioritaria”, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acudir a las convocatorias de fondos europeos o reclamar ayuda a otras instituciones para afrontar el coste.

En este sentido, la edil socialista ha recriminado al alcalde de la capital que haya utilizado Ecociudad, la sociedad pública encargada del saneamiento y tratamiento de aguas de Zaragoza, para captar deuda con la que acometer la operación calles, el plan de gobierno de Azcón para reformar siete vías de la ciudad, entre ellas, la avenida de Navarra. “Los vecinos estamos pagando a Ecociudad el saneamiento y para tener limpio el río, y mientras tanto el gobierno utiliza la sociedad municipal para hacerse fotos con el plan de calles”, ha criticado la edil, que ha llegado a hablar de “estafa” a los ciudadanos.

Apenas media hora después, el alcalde ha respondido en un acto con la prensa. “La mayor estafa la hizo el alcalde Triviño con una depuradora que costó 250 millones de euros”, ha recordado. El regidor también ha aludido al “intento de privatización” del servicio que hizo el PSOE en el pasado y que “anularon los tribunales”, o al endeudamiento de Ecociudad, también por parte de un gobierno socialista (2011), “para pagar la luz porque no supieron gestionar”.

En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que las inversiones en depuración se han disparado al pasar de 1,5 millones anuales a cerca de 30 en los últimos cuatro años. Y ha reprochado que la DGA no revierta los ingresos del ICA en infraestructuras para la capital aragonesa.

Fuentes del gobierno municipal añaden que el principal problema radica en los vertidos industriales, para lo que “se está trabajando en una solución a corto plazo” con las factorías implicadas. Mientras, el Consistorio indica que se están elaborando estudios sobre las posibles alternativas para una nueva depuradora, cuyo coste podría superar los 180 millones de euros, lo que requería de la colaboración de otras instituciones.

Finalmente, en cuanto a la necesidad de ampliar la red de tanques de tormentas, desde PP-Cs señalan que “ya se está trabajando en los pliegos” para ejecutar dos nuevos: en San Pablo y en la carretera de Castellón.