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El 60% de los letrados de la administración de Justicia secundan la huelga en Zaragoza
Los antiguos secretarios judiciales exigieron ayer las mejoras salariales que les prometieron en 2009 al aumentar sus funciones.
La huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para reclamar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la mejora salarial que se les prometió en 2009 y una negociación colectiva propia fue seguida de manera muy notoria en Aragón, a pesar de los servicios mínimos "salvajes" impuestos por el Ministerio de Justicia. Zaragoza y Teruel, con un porcentaje del 60% y 61%, respectivamente, fueron las provincias con mayor respaldo, mientras que en Huesca pararon el 33%. La explicación a esta diferencia de datos, según Carlos Artal, miembro de la UPSJ, está en que en la capital y la provincia oscense hay mucho juzgado vacante y un alto número de interinos. A consecuencia del paro, en Aragón se suspendieron 82 juicios.
Artal, junto a la vocal de la asociación, Ana Rosa Igea, y una veintena de letrados más se concentraron ayer en la Ciudad de la Justicia para reclamar, como el resto de compañeros de toda España, la adecuación salarial acorde con las mas de 600 funciones que les fueron asignadas en la gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en el 2009.
"El cambio se apoyó en los letrados de la administración de Justicia para agilizar la Justicia a coste 0. Muchas de esas funciones eran competencia hasta entonces de los jueces, y no decimos que a ellos les bajen el sueldo, desde luego, pero tienen que adecuar el nuestro a las tareas que hacemos", indicó Artal.
Recordó que entre sus funciones están los desahucios, embargos, subastas, controlar los pagos al tesoro público y del justiciable (al año los letrados mueven 4.000 millones de euros), admitir demandas, celebrar bodas, citaciones, requerimientos, hacer entradas y registros, por citar algunas. De hecho, según el cálculo de la asociación, ayer se suspendieron 1.842 juicios penales de los 2.631 que estaban previsto celebrarse en España.
La UPSJ pide el pago "inmediato" de los 195 euros fijados en el "vergonzoso acuerdo" alcanzado con los "sindicatos generalistas". A su juicio, ese pacto se negoció "contra los intereses de los letrados de la administración y lo acepta "únicamente" como "pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la ley".
Artal subrayó el carácter "progresista" de su asociación para recalcar que hacían la huelga contra un gobierno "progresista". "Y eso no es solo defender políticas de este signo, con las que estamos de acuerdo, sino también pagar a los trabajadores en proporción al trabajo que desempeñamos", dijo. El letrado recordó que son un cuerpo jurídico superior, que aprueban oposiciones parecidas a las de jueces y fiscales, y merecen un reconocimiento de acuerdo a sus responsabilidades.
