zaragoza
Una anciana con alzhéimer pierde su casa en Zaragoza y su apartamento en Noja por una presunta estafa
Una pareja pudo aprovecharse del hijo de la octogenaria, que tiene un déficit intelectual que le hace muy manipulable, para quedarse todo su patrimonio.
Un juzgado de Zaragoza investiga a Blas L. O. y María Teresa E. S. como presuntos artífices de una estafa que ha dejado a una anciana con alzhéimer y a su hijo, que tiene diagnosticado también un déficit intelectual, en una situación próxima a la indigencia. El joven no trabajaba, pero su madre disfrutaba de una situación económica desahogada: cobraba dos pensiones, era propietaria de una vivienda y un garaje en pleno centro de la capital aragonesa y disponía también de un apartamento en Noja (Cantabria). Sin embargo, parece que los ahora investigados se aprovecharon de la incapacidad de la octogenaria y de la especial vulnerabilidad de su hijo, que también está ahora tutelado por la DGA, para hacerse con todo este patrimonio.
Las pesquisas del juez han permitido situar el origen de la supuesta estafa en el año 2016, cuando el hijo de la anciana comenzó a frecuentar la cafetería que regentaba Blas L. O. en la calle Lacarra de Miguel. Parece que entre ambos se generó una relación de mutua confianza, de la que presuntamente se habría aprovechado después el encausado para hacerse con un patrimonio que podría superar con creces los 200.000 euros.
El instructor del caso ha encontrado pruebas suficientes para sospechar que el hostelero hizo partícipe de la estafa a María Teresa E. S., con la que se habría puesto de acuerdo para esquilmar al joven y a su anciana madre. De hecho, cuando se la presentó al primero, le dijo que era agente de la propiedad inmobiliaria (API) y podía ayudarle a sacar partido de su patrimonio inmobiliario.
Para el juez, este hecho evidenciaría que desde el primer momento pudo haber un concierto de voluntades entre la pareja para embaucar al joven. Porque la mujer ni estaba registrada como API ni había ejercido nunca como tal. Sin embargo, valiéndose de la especial vulnerabilidad de la víctima y de su nula capacidad para tomar decisiones por sí mismo, la investigada empezó a proponerle operaciones que resultaron nefastas para sus intereses.
Un poder general e ilimitado
Las primeras ventas que llevó a cabo el joven asesorado por la ahora investigada fueron las del garaje que tenía su madre en la céntrica calle Francisco Vitoria de Zaragoza, así como la del coche de su padre, ya fallecido. Sin embargo, parece que poco después, María Teresa E. S. convenció también al joven para que su madre vendiera el apartamento de la playa. Según la Fiscalía, gran parte del dinero obtenido en esta operación nunca se incorporó a las cuentas de la anciana, dado que la encausada habría engañado después al hijo para que le hiciera entrega de importantes cantidades.
Basándose en las diligencias practicadas hasta la fecha, el juez instructor llegó a la conclusión de que el paso siguiente de los investigados fue convencer al joven para que su madre le otorgara un poder general, con facultades ilimitadas de decisión, gestión y disposición de todos sus bienes. Gracias a este documento y aprovechándose una vez más de las limitaciones del joven, los investigados habrían conseguido convencerle después para que vendiera la vivienda familiar, situada en la calle de Madre Vedruna. Se trataba de un piso de 120 metros cuadrados en pleno centro de Zaragoza, pero la venta se efectuó el 13 de febrero de 2018 por 184.000 euros: «precio muy inferior a su valor de mercado», dice la Fiscalía.
Fueron muchos más las operaciones de compra-venta que el joven llevó a cabo posteriormente, presuntamente, siempre bajo la asesoría de los encausados. Y ninguna de ellas redundó en su beneficio personal, dado que él y su madre han acabado arruinados. El instructor del caso llegó a dictar autor de apertura de juicio oral contra los investigados, pero un defecto en el procedimiento –no se ofreció a los compradores de alguna de las viviendas la posibilidad de personarse como afectados– ha obligado a la Audiencia Provincial de Zaragoza a retrotraer las actuaciones y aplazar de momento la vista.
