Zaragoza
Un juez ordena el desahucio de un adosado de Zaragoza sin haberse aclarado quién es el dueño
El banco embargó la finca a un promotor pensado que era suya, pero el matrimonio al que pertenecía lo ha denunciado por falsedad y estafa.
Una entidad bancaria ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ordene el desahucio de una vivienda de María de Huerva cuya propiedad se discute. De hecho, tanto la Fiscalía como el matrimonio que figura como propietario de la finca en el catastro han exigido que se paralice el alzamiento previsto para mañana, 15 de diciembre, hasta que se resuelva una denuncia penal por presuntos delitos de estafa procesal, estafa y falsedad documental.
La pareja a la que el banco le embargó la casa pese a no arrastrar ninguna deuda se ha querellado contra el promotor que construyó la urbanización, ubicada en la calle de Italia de la localidad zaragozana. Y lo ha hecho porque está convencida de que este urdió un plan para que el adosado siguiera inscrito a su nombre en el registro de la propiedad, circunstancia que resultó crucial para que un juzgado instara su embargo y posterior subasta.
Los denunciantes, José Manuel Cadena y Maribel Serrano, dicen haber visto evaporarse 144.382 euros, porque ese fue el precio en el que fue tasado el inmueble. Se sienten víctimas de un tremendo engaño y les duele que se hayan aprovechado de su honradez y falta de conocimientos legales para perpetrar esta presunta estafa. Razones, aseguran, por las que están dispuestos a llegar «hasta el final».
La pesadilla de esta pareja comenzó en febrero de 2020, cuando recibieron una carta del catastro notificándoles la baja en la titularidad de la finca. Ellos eran los titulares de la escritura, firmada en 2008, lo que ignoraban hasta entonces es que la casa seguía inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Pedro G. P., promotor de la urbanización y contra quien han presentado la querella por supuesta estafa y falsedad documental.
La denuncia penal se tramita en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que ya tomó declaración al promotor en calidad de investigado. La acusación particular, a cargo del letrado Rafael Ariza, se apoya en esta investigación para para exigir ahora la suspensión del embargo.
