tribunales

Casi tres años metida en un frigorífico esperando justicia y un entierro

El juez se ha vuelto a negar a entregar el cuerpo de María Marian, la joven de 28 años tiroteada el 21 de noviembre de 2018 en Movera. La familia no lo entiende y dice sufrir un duelo "patológico".

La joven fue asesinada a las puertas de esta vivienda de Movera, en Zaragoza.
La joven fue asesinada a las puertas de esta vivienda de Movera, en Zaragoza.
Guillermo Mestre

El próximo 21 de noviembre se cumplirán tres años del crimen de María Marian, la joven tiroteada a las puertas de una vivienda de la urbanización Torre Urzaiz del barrio  zaragozano de Movera. Aquella tarde, la víctima, de 28 años, había estado de compras con su hermana en Puerto Venecia. Y se disponía a sacar las bolsas del maletero cuando dos encapuchados se le acercaron por la espalda. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, porque, nada más girarse, uno de los sicarios le apuntó al pecho con una pistola y apretó el gatillo. Pese al tiempo transcurrido, los padres de la fallecida siguen esperando que se juzgue a los asesinos. Pero si hay algo que realmente anhelan es poder enterrar a su hija, porque, por increíble que parezca, el cadáver de la joven sigue metido en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Aragón.

La familia dice haber sido «muy comprensiva y respetuosa» con la tramitación del procedimiento judicial, pero reconoce que ha llegado a su límite. Y así se lo ha hecho saber al juez tras la nueva negativa de este a autorizar la entrega del cuerpo. A través de un auto dictado el pasado 28 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 recordaba que el sumario se encuentra en fase de instrucción y podría ser necesaria una segunda autopsia. Dice comprender el sentimiento de la familia, pero considera más conveniente darle el cuerpo cuando resulte «menos perturbador para el procedimiento».

Los argumentos del instructor no han convencido ni a los padres ni a la hermana de la fallecida, que al impugnar su resolución le recuerdan que el hecho de saber que María lleva casi tres años metida en un frigorífico les está provocando un duelo «patológico». De hecho, la madre está bajo control psiquiátrico y tanto su marido como su otra hija aseguran estar tomando también medicación.

La víctima del crimen de Movera llevaba ya un tiempo viviendo en la capital del Ebro, pero la intención de los suyos es inhumar sus restos en su pueblo natal:    Sibiu (Rumanía). La negativa del juez ha echado de nuevo por tierra sus planes, pero confían en que este recapacite y el recurso de reforma prospere. A través de su abogado, Cristian Anghel, le recuerdan que la ley legitima al juzgado a mantener un cadáver durante un «tiempo prudencial» en el IMLA. Pero consideran que los cerca de tres años transcurridos desde el crimen superan con creces ese margen prudencial. Y lo cierto es que no se recuerda un homicidio en Zaragoza en el que la víctima haya pasado tanto tiempo en el anatómico.

En cuanto a la posibilidad de tener que practicar una segunda autopsia, la familia entiende que ha habido tiempo suficiente para hacerla. De todas formas y como posible solución, propone al magistrado que pregunte a las partes personadas en el caso si precisan de alguna prueba forense complementaria con respecto al cadáver. «No se puede mantener el cuerpo de una fallecida a disposición judicial simplemente por si acaso», concluyen los allegados.

El sicario cambia de abogado

La hermana de la mujer tiroteada declaró que la noche del crimen vio a dos encapuchados en la finca, pero son ocho las personas a las que finalmente se investiga por su presunta implicación en los hechos. Las pesquisas no resultaron sencillas y hubieron de pasar siete meses hasta que el Grupo de Homicidios detuvo al presunto autor material, a su acompañante y al resto de compinches, a los que representan los letrados Francisco García Berenguer, José Cabrejas y Armando Martínez, entre otros.

Los investigadores están convencidos de que fue el sicario lituano Aivaras S. quien abrió disparó contra María Marian. El sospechoso lo negó de forma tajante y aseguró que ni siquiera estuvo aquel día en Movera, pero ignoraba que la Policía contaba con dos pruebas que lo ubicaban en la escena del crimen:el guante de látex que al parecer perdió en la huida y del que se extrajo su ADN y la geolocalización de su teléfono. Hace unas semanas, el lituano ha decidido cambiar por tercera vez de abogado, designando ahora a uno de su misma nacionalidad. Lo primero que hizo este fue pedir la declaración en el juzgado de tres agentes de Homicidios, que fueron interrogados este viernes, 11 de junio.

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