Ingreso Mínimo Vital

El Ayuntamiento de Zaragoza alerta del riesgo de "colapso" por la gestión del ingreso mínimo vital

Estima que puede suponer un coste de más de 3,5 millones de euros anuales para crear una estructura de 40 personas que realicen este servicio.

Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza
Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza
O. Duch

Al Ayuntamiento de Zaragoza le crecen los problemas económicos. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital este mismo mes de junio amenaza con "colapsar" la administración municipal, tanto desde el punto de vista operativo como desde el económico. Ante esto, el gobierno municipal PP-Cs ha reclamado este lunes recursos al Gobierno central para hacer frente a la gestión burocrática de esta prestación social que, según consta en un borrador del convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), va a corresponder a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El concejal de Acción Social, Ángel Lorén, ha dado la voz de alarma, ya que los plazos están muy próximos. El real decreto que regula el ingreso entra en vigor el 15 de junio y, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 26 de junio 255.000 españoles recibirán esta percepción. El borrador de convenio establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes asumen los trámites burocráticos y que el INSS se encarga solo de la resolución. En Zaragoza ya se estiman entre 3 y 3,5 millones de euros. Para costear esta cantidad, fuentes municipales advierten de que el Gobierno central quiere que se carguen a los remanentes de tesorería de los municipios. Es decir, que los ayuntamientos asuman los costes con sus propios recursos.

El Ayuntamiento de Zaragoza no rechaza la gestión de este nuevo servicio, pero exige que lleguen recursos. Hay que tener en cuenta que no solo hay que contratar más personal, que Lorén estima que rondará las 40 personas. Además, es necesario formar a la nueva plantilla, dotarla de equipamiento, recursos informáticos y de unas instalaciones adecuadas. En un principio, la llegada del ingreso mínimo vital supondrá la desaparición del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), pero la gestión de las dos prestaciones se solapará durante un tiempo todavía indeterminado.

El nuevo subsidio llega en un momento en el que los servicios sociales de los ayuntamientos están desbordados por la gestión de las ayudas de urgente necesidad. Entre el 16 de marzo y el 26 de mayo, estas ayudas en Zaragoza se han multiplicado por tres: de 4.820 solicitudes en 2019 a 14.254 en 2020. El importe ha pasado de 1.036.435 a 3.206.650 euros. Y esto se ha traducido en un incremento notable del trabajo en los servicios sociales.

El Ayuntamiento recuerda además que en la actualidad el personal de los servicios sociales (201 personas) supone 9,7 millones de euros, de los que por el convenio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) llegan a las arcas municipales 5,3 millones. Por tanto, el coste extra que tiene el Consistorio es de 4,3 millones, a los que se sumarían los 3 o 3,5 millones del ingreso mínimo vital.

"Estamos en desacuerdo con la precipitación que han llevado y con las escasas instrucciones que se están dando a los ayuntamientos", ha explicado Ángel Lorén, que ha lamentado "que se establezca la necesidad de colaboración sin una contraprestación económica para pagar el servicio". "Hay una preocupación absoluta en los ayuntamientos porque los costes de esa tramitación van a recaer sobre estos, cuando no se ha consignado la cuantía presupuestaria que supone", declaró el concejal.

Aluvión de llamadas

El asunto no es menor. En los últimos días, los teléfonos de atención de servicios sociales están recibiendo más de 300 llamadas diarias con consultas sobre el ingreso mínimo vital. La cifra da la medida de la magnitud de trabajo que espera a los servicios sociales municipales. "Estamos dispuestos a dar ese servicio, pero la irresponsabilidad con la que se está actuando desde el Gobierno de España nos va a ver abocados a una situación de saturación absoluta. Estamos asustados por el posible colapso de los servicios sociales municipales", ha declarado Lorén. 

El edil ha aclarado  que la concesión de las ayudas de urgente necesidad no se verá casi afectada por la tramitación del ingreso mínimo vital. "Habrá algunos casos en los que coincida que queden fuera de ese ratio de concesión, pero no van a ser muy numerosos", ha dicho Lorén. El concejal también ha aclarado que el ingreso mínimo vital no abarca a toda la población, por lo que parte de los sectores vulnerables seguirán precisando de ayudas urgentes.

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