Un nuevo juez archiva 6 años después el caso del cura de Borja y critica la investigación

La Guardia Civil detuvo a Florencio Garcés, de 73 años, por presuntos delitos de apropiación indebida y contra la libertad sexual, al que se añadió después el de denuncia falsa. Las sospechas se han disipado, pero le costaron al religioso el 'destierro' y ocho días en prisión.

El párroco de Borja, Florencio Garcés, acompañado de su abogado, Enrique Trebolle, la noche que salió de prisión.
El párroco de Borja, Florencio Garcés, acompañado de su abogado, Enrique Trebolle, la noche que salió de prisión.
Maite Santonja

El nuevo titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Pablo Aguirre, acaba de dar carpetazo a uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Aragón, el que llevó a prisión y supuso el ‘destierro’ del párroco de Borja, Florencio Garcés. Tras una larga espera, el instructor ha recibido un informe pericial caligráfico de la Guardia Civil que impide acusar al religioso por denuncia falsa, la última imputación que pesaba actualmente sobre él. Y como la Fiscalía no ha puesto objeción, el juez ha optado por el archivo de esta última causa, trámite que ha aprovechado para emitir un auto en el que cuestiona forma en que se tramitó.

De lo enrevesado de este asunto dan prueba los seis años que han durado las pesquisas en torno al párroco de Borja, iniciadas a finales de 2013 a raíz de la que la Guardia Civil bautizó como Operación Espino, en clara referencia a la exitosa serie televisiva de los ochenta ‘El pájaro espino’. La Benemérita mantenía que el sacerdote, de 73 años, podía haber saqueado más de 150.000 euros que unas ancianas dejaron en herencia a la parroquia. Y lo habría hecho, decían, para acallar a un clan de extorsionadores que le amenazaba con sacar a la luz una supuestas fotos comprometedoras.

Aquellas sospechas hicieron que el párroco acabara encartado por posibles delitos de apropiación indebida y contra la libertad sexual, a los que más tarde se añadiría el de presunta denuncia falsa.

La madrugada del 4 de diciembre de 2013 y tras doce intensas horas de careos entre Florencio Garcés y el resto de investigados del clan ‘Zapato Veloz’, la entonces jueza instructora, Nieves Pérez, dictó auto de prisión sin fianza para el párroco (el resto de detenidos quedaron libres). La decisión fue bastante inesperada, ya que venía avalada por la Fiscalía, que días antes había dicho que dada la avanzada edad del religioso y su vinculación al Obispado de Tarazona no apreciaba riesgo de fuga.

Pero lo cierto es que Garcés pasó ocho días en el centro penitenciario de Zuera, del que no salió hasta que el prelado de Tarazona, Eusebio Sánchez, declaró ante la juez que, como representante de la Iglesia, no se sentía ni engañado ni perjudicado. "Confío en la Justicia y en que la verdad al final se abrirá camino. Me han tratado muy bien en la prisión", proclamó Florencio Garcés cuando abandonó la cárcel en una noche gélida y entre un tumulto de cámaras de televisiones y periodistas.

Y aunque han sido necesarios unos cuantos años y ha pagado un importante precio –no solo entró en prisión, sino que tuvo que dejar un pueblo en el que llevaba años ejerciendo y que se manifestó en la calle para apoyarle–, el cura de Borja, al que asisten los letrados Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres– ha logrado despejar todas las sospechas que había sobre él.

El primer sobreseimiento se produjo en junio de 2014, cuando no se hallaron pruebas para acusar al religioso de los presuntos abusos sexuales denunciados por un joven chatarrero de Borja . Según la Guardia Civil, este último les contó que el cura le había pagado 30.000 euros a cambio de favores sexuales. Sin embargo, cuando llegó la hora de ratificar la denuncia en el juzgado, la presunta víctima no lo hizo. Tampoco aparecieron nunca las supuestas fotos comprometedoras.

Las quejas del instructor

La siguiente en archivarse fue la causa por presunta apropiación indebida, a mediados de 2015. El sobreseimiento fue instado por la Fiscalía, después de que la Santa Sede –a la que llegó a dirigirse la instructora del caso– dijera que tampoco se sentía perjudicada por las disposiciones de dinero de la parroquia que llevó a cabo el sacerdote. Y pese a recelar de la conducta del encausado, como sin perjudicado no hay delito, la acusación pública propuso el primer carpetazo. "Cabe concluir esta compleja y ardua instrucción (...) al no aparecer debidamente acreditada la perpetración del ilícito penal denunciado", decía en el escrito que dirigió al juzgado.

Tras este largo devenir judicial, a la hora de cerrar el caso, el nuevo juez no ha querido pasar por el alto la no muy ortodoxa forma en que se ha tramitado. Así, a través de su auto de sobreseimiento, advierte de la "harto llamativa prolijidad" de los autos, "acentuada aún más si cabe a la vista de su mejorable documentación". El juzgador llega a hablar del "nada desdeñable" esfuerzo que se ha visto obligado a hacer para "desentrañar" el objeto de las pesquisas.

El juez cree que han llegado a solaparse diligencias sobre las mismas personas pero por distintos motivos y se sorprende de que ni siquiera haya constancia escrita de las varias horas de careos que practicó su antecesora entre el cura y el resto de investigados.

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