El interventor alerta de que el pago de facturas sin contrato en vigor se ha disparado un 72%

En el informe de control financiero dice que estos expedientes pueden vulnerar la normativa. El volumen de la contratación menor aumenta casi un 74% y existe un caso de fraccionamiento.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en el último pleno municipal.
El interventor alerta de que el pago de facturas sin contrato en vigor se ha disparado un 72%
Guillermo Mestre

El último informe de la oficina de control financiero del Ayuntamiento de Zaragoza, dependiente de la Intervención General, alerta del acusado incremento que se ha producido en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un polémico sistema de pago que sirve para atender facturas sin consignación presupuestaria o que carecen de un contrato en vigor que les dé cobertura. Y pone cifras: si en el año 2015 hubo 580 reconocimientos por un valor de 24,8 millones, en 2017 (último año analizado) la cifra se disparó hasta los 42,8 millones repartidos en 1.037 facturas. El aumento supera el 72%.

Este es uno de los aspectos más destacados del informe, del que se dará cuenta hoy en la comisión de Economía. El documento, que analiza distintos aspectos de la gestión municipal, recuerda que los reconocimientos de crédito son un mecanismo de pago "excepcional" y exige que se acometa una reducción drástica de este tipo de expedientes.

Nulidad de los contratos

Hay que tener en cuenta que los gastos sin consignación presupuestaria son nulos de pleno derecho y la normativa solo admite algunas excepciones muy contadas. En cualquier caso, "la realización sistemática y habitual" vulnera lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales. Respecto a los desembolsos que se hacen sin una cobertura contractual, que es un motivo más habitual, Intervención sostiene que pueden tener como consecuencia "la nulidad absoluta".

El informe sostiene que en 2017 las facturas sin contrato supusieron el 5,8% de los gastos de la institución. Entre los servicios más afectados ese año destacan las prestaciones sociales domiciliarias, la conservación del viario público, las casas de juventud, los centros de tiempo libre, la conservación semafórica, la teleasistencia o el alumbrado público. Estos siete conceptos suponen el 71,85% del total. Además, entre 2014 y 2017 se repiten gastos como los referidos al centro de protección animal, a la seguridad y vigilancia de diversos edificios o a la climatización, entre otros.

Para evitar esta práctica, Intervención General exige que se presupuesten bien los gastos, sin que haya partidas insuficientes. Además, reclama que los responsables de la elaboración de los pliegos de condiciones de los contratos trabajen "con suficiente antelación" para "evitar estas situaciones". Por otro lado, sugiere que se haga una evaluación previa para determinar si el expediente incurre en causa de nulidad.

Pero las facturas sin consignación o sin contrato no son las únicas cuestiones de las que advierte el informe de la oficina de fiscalización. Hace hincapié en otro aspecto siempre controvertido: el abuso de la contratación menor. Según el documento, en 2017 se adjudicaron un total de 338 contratos de este tipo por un valor de 5,7 millones de euros. Respecto a 2016, esta cifra supone un aumento de casi el 74%.

Del total de contratos menores, 313 contaron con un informe favorable de la Intervención, mientras que 24 no lograron el visto bueno. Uno más consiguió informe positivo pero al final no se llegó a adjudicar. Según el informe, estas cifras no coinciden con las del perfil del contratante.

Mejores precios

Intervención avisa de que hay contratos que se repiten anualmente, por lo que aconseja que se tramite un procedimiento de contratación con una duración superior a la anual para lograr "una concurrencia más amplia" y "mejores precios".

Por otro lado, indica que en cuatro contratos, correspondientes a los cambios de luminarias de otros tantos colegios, se puede haber producido un caso de fraccionamiento, una práctica completamente ilegal. Además, estos trabajos se adjudicaron a la misma empresa. Advierte también de 40 casos en los que la cuantía adjudicada supera el límite de un contrato menor (21.780 euros para servicios y suministros).

La oficina de control financiero recomienda que se haga una "planificación previa" de las obras con el objetivo de recurrir a un procedimiento ordinario de contratación "en aras a la obtención de unos precios más ventajosos" para el Ayuntamiento. Pide además que se corrija la información del perfil del contratante para cumplir con la ley de transparencia.

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