Como hiciera hace dos meses cuando decretó el archivo provisional del caso, el juez que ha investigado al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y a otras siete personas por la presunta filtración de preguntas del examen teórico de la última oposición del servicio de Bomberos ha vuelto dejar claro que no ha hallado indicios concretos de delito para sentar en el banquillo a ninguno de los querellados. Lo ha hecho a través de un auto en el que rechaza el recurso que presentaron los denunciantes contra el sobreseimiento de las diligencias, condenándolos además a pagar las costas por apreciar temeridad y mala fe procesal.

Tras más de un año de pesquisas y tal como pedía la defensa, a cargo del letrado Jesús García Huici, el pasado mes de noviembre el magistrado decidió dar carpetazo a la investigación. Pero los querellantes, a los que representa la abogada Carmen Sánchez, no se quedaron conformes y recurrieron el auto de archivo. En su escrito, rescataban una de las conclusiones del propio juez: "Existió un conjunto de exámenes con resultados anómalos, siendo la causa más probable de tales anomalías el conocimiento previo por parte de los opositores que los realizaron del contenido de preguntas del mencionado examen".

Para los opositores, con estas palabras el instructor estaba reconociendo una serie irregularidades, lo que, en su opinión, le obligaba a seguir investigando el origen. Hay que recordar que se presentaron 476 personas y tan solo 20 superaron el test.

Los querellantes recordaban en su recurso de reforma que antes de que se conocieran los resultados del ejercicio teórico y dadas las sospechas que tenían acerca de una posible filtración de preguntas, ellos depositaron dos actas ante notario. En ellas, hacía constar los nombres y apellidos de ocho personas que creían que iban a aprobar. Y de ellas, seis superaron la prueba y dos quedaron fuera por un único fallo.

A la hora de impugnar el auto de archivo, los denunciantes volvieron a insistir también en las relaciones personales entre los querellados y algunos de los opositores aprobados. Por último, estos hacían especial hincapié en el informe que elaboró un matemático experto en análisis de datos. Tras examinar los exámenes tipo test de todos los aspirantes, este identificó un grupo de sujetos que presuntamente habría tenido una ventaja demostrable sobre el resto.Es más, el especialista aseguraba que con un 95% de confianza ese resultado no era debido al azar, sino a algún tipo de anomalía en la oposición.

El recurso llega a la Audiencia

Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 11, encargado de la investigación, reitera que todos estas circunstancias se han tenido en cuenta. Y pese a ello, el recurso no puede prosperar, puesto que, "no se han revelado conductas concretas de los querellados que puedan fundamentar la acusación". Respecto a las supuestas relaciones personales entre querellados y algunos de los aspirantes aprobados, recuerda el instructor que "no revisten el grado de probabilidad indiciaria suficiente para la prosecución de la causa penal". "Máxime cuando el posible conocimiento previo de las preguntas pudo provenir de distintas fuentes", concreta.

Por todo ello, el magistrado rechaza el recurso de reforma y traslada el asunto a la Audiencia Provincial de Zaragoza, tal y como pedían los denunciantes, para que sea esta la que diga si hay que reabrir o no el caso.