Anticorrupción rebaja la petición de pena para Esco y Floría tras retirar el delito de cohecho

El tribunal ha concedido a las defensas un aplazamiento de 10 días para estudiar las conclusiones de la Fiscalía. El juicio se retomará el 11 de febrero.

El banquillo de los acusados se ha vuelto a ocupar casi al completo este miércoles, durante la lectura de las conclusiones de la Fiscalía.
El banquillo de los acusados se ha vuelto a ocupar casi al completo este miércoles, durante la lectura de las conclusiones de la Fiscalía.
Guillermo Mestre

El juicio por el caso Plaza ha encarado este miércoles su recta final con la lectura de informes por parte de las acusaciones. La primera en presentar las conclusiones del juicio ha sido la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa han rebajado la petición inicial de pena para el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el empresario Miguel Ángel Floría tras retirar de la lista de cargos que les atribuía el delito de cohecho.

Tras la modificación, el ministerio público ha exigido una condena para Esco de cuatro años y nueve meses de cárcel y 20.000 euros de multa por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación en calidad de autor (en su primer informe pedía una condena de siete años y seis meses). Para Floría, Anticorrupción solicita una pena de tres años y tres meses (inicialmente eran seis años) por los mismos delitos que atribuye al exviceconsejero del Gobierno de Aragón, aunque no como autor sino como cooperador necesario.

La Fiscalía también ha modificado sus pretensiones con respecto al empresario Agapito Iglesias, para el que en su escrito inicial pedía una multa de 70.000 euros que este miércoles ha elevado a 755.000. La petición de cárcel para el empresario soriano es de cinco años y 10 meses de cárcel. [Consulte cuánto rebajaron la pena a cada acusado tras el pacto global con la Fiscalía]

A la vista de los cambios introducidos en la jornada de hoy por los fiscales Grinda y De la Rosa, las defensas de Esco y Floría, ejercidas por los abogados Juan Monclús yJesús García Huici, respectivamente, han solicitado al tribunal un aplazamiento de 10 días, un mecanismo contemplado en la ley, para estudiar el nuevo informe del ministerio público, al que se han adherido todas las acusaciones.

El magistrado-presidente, Javier Cantero, ha accedido a la petición de las defensas y la presentación de informes continuará el próximo 11 de febrero.

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