La sala del 091 conectó la desaparición de la abogada en Zaragoza y el suicidio de su asesino en Teruel en unas horas

La llamada del marido de la víctima a la Policía alertando de que no la encontraba puso en marcha una investigación que culminó con el descubrimiento del crimen.

José Javier Salvador Calvo lo ha vuelto a hacer. Casi dieciséis años después de haber matado a tiros a su mujer, Patricia Maurel, de 29 años, en La Puebla de Híjar, todo indica que el jueves por la noche asesinó en Zaragoza a Rebeca Santamalia Cáncer, la abogada que lo defendió en el juicio que se celebró contra él en la Audiencia de Teruel por el homicidio de su esposa.

La relación profesional que establecieron entonces se convirtió hace un tiempo en personal lo que, tal y como explicó la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, hace que el caso sea considerado como violencia de género.

El asesino de la abogada estaba en libertad por decisión del juez, en contra del criterio de prisión

El cadáver de la letrada fue encontrado sobre las 4.30 del viernes en una vivienda de la calle de Pradilla con varias cuchilladas. El hallazgo no fue sino la culminación más dramática y triste a una búsqueda que la Policía había iniciado a las 21.00 del jueves, tras la llamada del marido de Rebeca Santamalia al 091 pidiendo ayuda porque no la encontraba ni respondía a sus llamadas.

Las gestiones dirigidas en todo momento por la Sala del 091 permitieron ir hilando una serie de indicios que condujeron a los agentes al lugar donde estaba la abogada, de 47 años, ya fallecida. Pero también fueron la clave para relacionar su muerte con otra que se produjo en torno a la medianoche en Teruel. Concretamente, la de un hombre que se había lanzado desde el viaducto de la capital turolense.

Fueron dos agentes que patrullaban por allí los que vieron a un varón caminar por el viaducto y, al verlos, saltó al vacío. El fallecido no llevaba documentación encima –pero sí 1.200 euros y las llaves de un vehículo– y averiguaron su identidad en poco tiempo por las huellas, ya que lo habían identificado dos días antes en la capital y tenía su furgoneta en las inmediaciones.

El muerto resultó ser José Javier Salvador Calvo, de 49 años. El exconvicto había decidido poner fin a su vida tras arrebatar la de Rebeca Santamalia, como luego averiguarían los agentes.

Mientras esto ocurría en Teruel, la Policía de Zaragoza trabajaba a contrarreloj para localizar a la abogada. Como en todas las desapariciones (y más en las inquietantes, como esta), los funcionarios hicieron las preguntas precisas en su entorno familiar para conocer sus últimos movimientos, tales como la última vez que la habían visto o hablado con ella, si tenían desavenencias, si conducía y qué coche tenía, si conocían que tuviese alguna relación.

Las respuestas a estas cuestiones les llevaron a una dirección en las que vivía alquilado José Javier Salvador, con quien la víctima había comenzado a relacionarse desde hacía un tiempo, como reconocieron las personas más cercanas a ella a la propia Policía.

La Sala del 091 envió un coche patrulla a la vivienda y, al no responder nadie, localizaron a una hermana del homicida, quien disponía de llaves de la casa. Cuando por fin entraron, sobre las 4.20, encontraron el cadáver de la mujer en medio de un charco de sangre.

La conmoción entre la abogacía zaragozana por el asesinato de su compañera es general. Rebeca Santamalia era muy querida y conocida, aparte de su trabajo diario en los juzgados, por formar parte del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza. Esta es una atención que prestan desde hace años de manera prácticamente altruista un puñado de letrados que son una piña y a los que les une su vocación por salvaguardar los derechos de los presos de Zuera y Daroca.

Salvador Calvo fue encarcelado en 2003 y condenado a 18 años, sentencia que hubiera liquidado en 2021. Según informó el TSJA, en 2011, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón le concedió el tercer grado en contra de la opinión de la junta de tratamiento de la cárcel de Teruel.

En 2015 solicitó la libertad condicional, la prisión se la negó y el juzgado también porque no reunía los requisitos. Un año después, en 2016, el recluso, por medio de su letrada Rebeca Santamalia, volvió a solicitar la libertad condicional, la cárcel la rechazó y, tras un nuevo recurso, el mismo juzgado, entendiendo que había cumplido las tres cuartas partes de la condena, se la otorgó.

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