El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza sigue bloqueado por la controversia de si este año se podrán solicitar préstamos a largo plazo. Las dudas expresadas ayer por el PSOE y CHA dejan en el aire las cuentas pese a que ZEC cree que no hay motivo para la polémica: con un informe de la Intervención General de Estado (IGAE) emitido el 3 de enero, sostiene que el Consistorio cumplirá las exigencias legales y podrá acudir a los bancos para solicitar los 32,8 millones de euros previstos para 2019. Pero la oposición no lo ve así.

El informe al que alude el gobierno local llega después de varias reuniones y cartas entre el Ayuntamiento, la IGAE y el Ministerio de Hacienda para determinar si el pasivo del tranvía de Zaragoza, que ronda los 200 millones de euros, computa como deuda municipal. Hasta ahora, el Ministerio, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) consideran que sí, por lo que el porcentaje de endeudamiento se disparaba por encima del 110% (solo por debajo se puede solicitar financiación bancaria).

Pero ZEC sostiene ahora que la IGAE certifica que el tranvía no computa. Por ejemplo, el informe indica que no se puede imputar el IVA del tranvía, que asciende a 42,3 millones de euros. Esta cuestión será comunicada al Banco de España para que lo tenga en cuenta, anuncia. El documento se remite además a una nota de 2016 en la que se determinan los criterios contables para las concesiones. Apunta que a partir del 1 de enero de 2016 se debían hacer los ajustes en la contabilidad "para reflejar los activos y los pasivos que se encuentren afectos a la concesión".

Pero, y a esto se aferra ZEC, el informe añade que estos pasivos "no pueden trasladarse de forma automática" a otros ámbitos, como por ejemplo el de las autorizaciones de endeudamiento local. Considera que la deuda municipal puede diferir de la que se debe computar en términos de contabilidad nacional, que son los que utiliza España para informar a la UE.

De la aplicación de esa nota y el criterio referido al IVA, el Ayuntamiento interpreta que solo se le podrían imputar entre 60 y 80 millones de euros de la deuda del tranvía y no 233 como sostiene el último boletín estadístico del Banco de España. Con esta horquilla, sí se respetaría el tope de endeudamiento. El Ayuntamiento de Zaragoza dice que no se puede solo imputar la subvención al billete, dado que al mismo tiempo se tienen que tener en cuenta los ingresos de la línea, es decir, sus activos.

Según fuentes municipales, los técnicos del Ayuntamiento están afinando los cálculos y antes de que acabe el mes los subirán a la plataforma virtual del Ministerio de Hacienda. Con ese trámite, según su criterio, se resolverá el problema. La oposición dice que esto no es así, que antes habrá que cotejar las cifras con la IGAE y esperar a que el Ministerio de Hacienda dé por buenos los nuevos porcentajes de endeudamiento.

PSOE y CHA exigen garantías y más si se tiene en cuenta una frase contenida en el informe de la IGAE a la hora de valorar si computa o no la deuda del tranvía y si Zaragoza puede pedir los 32,8 millones de euros a los bancos. "Esta oficina no tiene competencias para su respuesta, habiendo de dirigirse a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda", dice el documento. Y de momento ese organismo no se ha pronunciado.

Para el concejal de Economía, Fernando Rivarés, la carta solo tiene una lectura: Zaragoza puede pedir préstamos. "Ya nadie tiene ninguna excusa ni ninguna razón para no negociar los presupuestos", dijo el edil, que anunció que el 31 de enero las cuentas se aprobarán en gobierno. Se dirigía al PSOE, que insiste que no se dan las condiciones para hablar si no se sabe si se dispondrá de esos 32,8 millones de ingresos.

Para el PSOE nada ha cambiado. Negó que el informe permita al Ayuntamiento solicitar créditos. "Es una falsedad absoluta", dijo el edil socialista Javier Trívez, que achacó a "intereses políticos espurios" la interpretación de Rivarés. A su juicio, la respuesta la tiene que dar el Ministerio. Es más, restó importancia a lo que supondría prolongar la prórroga presupuestaria y se mostró dispuesto a hacer modificaciones para salvar parte del gasto social.

Aunque CHA no se niega a negociar, hizo la misma lectura del informe de la IGAE, dado que este organismo "no tiene competencias". "Esperábamos más seriedad del Ministerio de Hacienda y del consejero de Economía. No se pueden decir cosas falsas", criticó el portavoz Carmelo Asensio.