Stop Desahucios se concentrará el próximo martes ante el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, para exigir el cumplimiento de la Ley de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda.

En un comunicado, la plataforma antidesahucios ha denunciado que al término de esta legislatura "las cosas no han mejorado" y que el número de lanzamientos por impago de alquiler "no ha parado de subir" hasta alcanzar cifras "vergonzosas" como los 1070 en el año 2017.

Ha asegurado que el decreto de emergencia está "olvidado", que la ley solo se utiliza para regular los requisitos de vulnerabilidad y que la prometida Ley de Vivienda todavía continúa en trámite parlamentario a escasos cuatro meses de que finalice la legislatura.

Del mismo modo, ha recordado que la única solución contra los desahucios sigue siendo el convenio firmado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) en el año 2013, que tachan de "restrictivo en todas sus formas".

Han criticado también que, al no ser ley, su aplicación por parte de la autoridad judicial es potestativa y que su ámbito de cobertura se restringe a las ejecuciones hipotecarias o por impago de alquileres, por lo que deja fuera a familias que se encuentran en otras situaciones, además de que el camino hacia el realojo es "infernal" y excluye de nuevo a gran parte de los afectados, que quedan sin alternativa habitacional.

Según los datos del propio convenio, de los cerca de 9.000 desahucios producidos en Aragón desde su firma, tan solo se han detectado alrededor de 800 casos de vulnerabilidad.

Otro problema que apuntan es que las personas realojadas lo hacen a través de programas de colaboración con entidades sociales que tienen una duración de tres años, por lo que pueden quedarse de nuevo en la calle por finalización de contrato si su situación no ha mejorado.

También se han quedado fuera, según Stop Desahucios Zaragoza, "unas cuantas" familias al verse obligadas a renunciar después de que les adjudicaran una vivienda lejos de su residencia habitual, lo que obligó al Justicia a intervenir e instar al Gobierno de Aragón a que estos realojos lejanos al domicilio fueran solo temporales.

Asimismo, otros se quedan fuera por no cumplir los exigentes criterios de vulnerabilidad o por la "desorbitada subida de los precios", continúa el comunicado.

A la concentración asistirán varias familias con hijos en distintas situaciones, como finalización del contrato de alquiler social sin alternativa habitacional, renuncias a la vivienda asignada por necesidad de estar cerca de su hospital, convenios sin solucionar con la Sareb o una madre con un hijo de dos años que ocupa un piso propiedad del Banco Santander mientras está a la espera de que el Gobierno autonómico le apruebe el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).