Los peritos contratados por la defensa del constructor y exdueño del Real Zaragoza Agapito Iglesias intentaron convencer ayer al tribunal del caso Plaza de que este no falseó ninguna factura ni encargó un informe fantasma a las hijas del exgerente de la plataforma logística Ricardo García Becerril. Porque de eso es de lo está acusado el empresario soriano, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 5 años y 10 meses de prisión como presunto autor de un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil.

Para las acusaciones, el abono de 58.000 euros a la sociedad Pulsar –de la que eran socias las hermanas Carolina y Patricia García Plante– por un informe sobre la vialidad de la instalación de una guardería en Plaza no fue más que el ‘peaje’ que Agapito Iglesias se vio obligado a pagar para construir y hacer negocios en el gran complejo logístico de la autovía de Madrid. Sin embargo, el perito Alberto Camarero no solo negó ayer que el informe de las hijas de Becerril fuera ficticio –como mantienen Fiscalía, DGA y la propia Plaza–, sino que lo tildó de "brillante y muy útil".

Un segundo perito, Alfonso Polo, insistió en la legalidad de la factura abonada por la sociedad Multiinversiones 2005 (de Agapito Iglesias) a Pulsar. Y para que no quedaran dudas, el economista recordó al tribunal que esta aparece en los libros de contabilidad, fue auditada y declarada.

Precios de mercado

Durante la sesión de ayer, los magistrados pudieron escuchar también las explicaciones de los peritos contratados por la defensa del empresario y también acusado Miguel Ángel Floría, para el que se piden 6 años de cárcel por delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. En el correo electrónico "miserias" que la Policía intervino en el ordenador de Ricardo García Becerril, el exgerente mantenía que el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco –que también se sienta en el banquillo y se enfrenta a 7 años y medio de cárcel– hizo varios encargos a dedo a Floria. Entre otros, un vídeo promocional de Plaza por importe de 48.000 euros y el revestimiento de las fachadas de tres edificios con alucubond, que costó 344.405 euros.

García Becerril decía en el controvertido ‘email’ que la supuesta intermediación de Esco en estos contratos había supuesto un desembolso extra a Plaza, llegando a asegurar que un forramiento de edificios similar al que hizo Floría en Plaza costó mucho menos dinero en una nave de Adient en Pedrola. "Estamos hablando de dos materiales completamente distintos. Podría decirse que uno es un traje a medida y el otro un traje hecho en serie", aseguró el arquitecto Carlos Gelpi, quien insistió en que se pagó un precio "ajustado a mercado".