La Audiencia de Zaragoza retomó ayer el juicio del caso Plaza, que comenzó el pasado 10 de diciembre con 25 acusados en el banquillo y actualmente solo mantiene a tres: el ex viceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco (PSOE), el constructor Agapito Iglesias y el empresario Miguel Ángel Floria. El resto pactó sus penas con la Fiscalía Anticorrupción y tras confesar una serie de delitos fueron eximidos de asistir a la vista, que se prolongará todavía durante varias semanas.

Tras el parón navideño, el tribunal que preside el magistrado Javier Cantero quiso comenzar el año con la comparecencia de tres peritos: el economista Ignacio Ruiz Jarabo Colomer (director del despacho tributario Ruiz-Jarabo y asociados) y los técnicos en urbanismo Nuria Toral Alba (arquitecta de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón) y Luis Casado Martín (director de PAU Urbanismo, consultora especializada en Planeamiento y Gestión Urbanística).

El primero, al que la defensa de Carlos Esco encargó un informe sobre las cuentas personales del político, quiso dejar claro que no había detectado ni un incremento patrimonial injustificado ni rastro alguno de un posible blanqueo de capitales. El economista, que analizó los gastos e ingresos del encausado durante el periodo 2005-2010, aprovechó también su intervención para cuestionar la forma en la que Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) analizó sus movimientos contables.

Cabe recordar que los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía redactaron un atestado en el que concluían que Carlos Esco (que se enfrenta a siete años y medio de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación) llegó a gastar 242.000 euros en metálico en solo cinco años. Para la UDEF, este efectivo tenía una procedencia desconocida e incluso sospechosa, ya que no se correspondía con extracciones bancarias previas. Sin embargo, el perito Ignacio Ruiz Jarabo cuestionó ayer los cálculos de la Policía por haber obviado y "olvidado", según él, la mitad de los ingresos que el político tuvo en aquel periodo.

66 fuentes de ingresos

"Nosotros identificamos 66 flujos de ingresos, cuando la UDEF solo habla de 32", explicó el economista, recordando que los agentes no tuvieron en cuenta operaciones como la venta de un vehículo Volvo o unos muebles."La Policía tampoco hizo constar en su atestado que en aquellos años los ingresos de la esposa de Esco, Eva Almunia, ascendieron a 400.000 euros, un dato que nos parece suficientemente importante para justificar los gastos, puesto que el matrimonio tenía un régimen de ganancial", añadió.

A preguntas del fiscal anticorrupción José de la Rosa, el perito tuvo que reconocer que sus cálculos se habían basado en documentación y justificantes facilitados "exclusivamente" por el encausado. De ahí que el primero acabara cuestionando la fiabilidad de los datos y recelara de las conclusiones del informe aportado por la defensa, a cargo del abogado Juan Monclús.

Pero durante la sesión de ayer no se habló solo de las cuentas de Carlos Esco, ya que también salió a relucir la controvertida operación Sanedi, por la que Plaza adquirió 61 hectáreas de suelo junto a la Base Aérea de Zaragoza para la ampliación de las instalaciones ferroviarias del complejo logístico. En su día, a la Policía le llamó la atención que por estos terrenos se pagaran 4,5 millones cuando por la totalidad de la finca, de 610 hectáreas, la sociedad Sanedi había pagado 9 millones solo dos años antes. Además, el uso de este suelo estaba condicionado por las servidumbres militares. En un correo electrónico intervenido al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, este decía que la operación fue maquinada por Carlos Esco, de ahí que ahora las acusaciones sostengan que el político pudo tener algún interés personal.

"Desde mi punto de vista, ese suelo no servía para lo que se quería destinar", manifestó la arquitecta Nuria Toral, quien recordó que gran parte del terreno ha terminado convertido en zonas verdes y aparcamientos. Pero no piensa lo mismo el especialista en urbanismo Luis Casado, para quien la compra "se ajustó a todas las exigencias legales y estaba justificada". "Es cierto que había servidumbres, pero el Ministerio de Defensa podía dar permisos especiales", dijo.