El Gobierno de Aragón atendió a 2.404 menores bajo protección en 2018

En Aragón se produjo un incremento de un 355% de llegadas de menas, pasando de los 49 atendidos en diciembre de 2017 a los 223 en diciembre de 2018.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en un acto reciente junto al presidente Lambán.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en un acto reciente junto al presidente Lambán.
O. Duch

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha informado hoy de que atendió en 2018 a un total de 2.404 menores bajo protección. Del total, 1.285 pasaron por plazas residenciales, adaptadas a las características de cada uno de ellos, y "siempre teniendo en cuenta las conclusiones de la Mesa Técnica del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia de Aragón y a la normativa vigente", ha especificado la DGA.

Gracias al programa de captación de familias de acogida, en los centros residenciales no hay niños menores de 6 años, siendo 189 los que han pasado por familias de acogida en el mismo periodo. Hay que recordar que la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia recomienda que, sobre todo, los menores de 6 años deben estar prioritariamente en un entorno familiar y no en centros residenciales. Además, El IASS ha atendido a través del programa de apoyo e intervención familiar a un total de 816 menores que permanecen con sus familias pero bajo supervisión familiar.

La ubicación de los menas

Al igual que en todas las Comunidades Autónomas, Aragón registró en 2018 un importante incremento en cuanto a la llegada de menores extranjeros no acompañados, si bien en menor medida que otras Comunidades como Andalucía, Ceuta, Melilla, Cataluña o el País Vasco. Ya en enero de 2018, el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, remitió a sus homólogos de las otras Comunidades, incluida Aragón, una carta en la que apelaba la “solidaridad interterritorial” para atender a los menores llegados a la Ciudad Autónoma (en aquellas fechas 1.000 en sus centros).

Las llegadas de menas a Aragón comenzaron a incrementarse en los primeros meses de 2018. Dada esta situación, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, remitió en abril de 2018 sendas cartas tanto a la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolores Montserrat, y al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde , en las que reclamaba “de forma urgente” una reunión de coordinación del conjunto de Comunidades Autónomas para abordar este asunto y un plan de medidas del Gobierno de España para articular mecanismos de corresponsabilidad y cofinanciación en la atención a estos menores.

El Gobierno de Aragón "ha vuelto a reclamar en diferentes ocasiones al actual Gobierno de España una coordinación y planificación que permita a las Comunidades afrontar esta cuestión", explican. En la Comisión Delegada de Servicios Sociales el Gobierno central actual se comprometió a abrir una vía de financiación para paliar esta situación con una aportación de 40 millones de euros de los que 400.000 corresponden a Aragón. No obstante, y a pesar de los avances, el Gobierno de Aragón considera que esta partida debe ser mayor para la Comunidad y que se debe profundizar en la planificación de la atención a los menas por parte del Gobierno de España. Desde la DGA se insiste en que no es un problema que deban asumir en exclusiva las Comunidades Autónomas, sino que requiere de la intervención del Gobierno central con competencias en Justicia, Extranjería e Interior.

En Aragón, de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, se produjo un incremento de un 355% de llegadas de menas, pasando de los 49 atendidos en diciembre de 2017 a los 223 en diciembre de 2018. Para hacer frente a esta nueva circunstancia se puso en marcha un plan global de atención a la infancia migrante "para crear una red adecuada de servicios que garanticen un itinerario de acogida, integración social y transición a la vida independiente de los menas en el territorio aragonés", explican desde el IASS, donde recuerdan que se trata de menores bajo protección, por lo que el Gobierno de Aragón tiene la obligación, por una parte, de prestarles la atención que requieren y, por otra, de no revelar información que pueda afectar a su seguridad, como desvelar la ubicación de los centros.

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