Se enfrenta a seis años de cárcel por hacerse amiga de un anciana para estafarle 85.000 euros

La Fiscalía sostiene que el engaño duró casi un año y medio. Junto a dos hombres, también acusados, cambió ante notario la titularidad del piso de la mujer para obtener más dinero.

El fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza puede ser recurrido en un plazo de 20 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La acusada responderá ante la Justicia.
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Una mujer se sentará este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza para enfrentarse a una petición de seis años y medio de cárcel y una multa de 4.800 euros como presunta autora de un delito de estafa continuada y agravada.

La Fiscalía acusa a Tamar G. de trabar amistad con una zaragozana de 77 años con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilícito. Según mantiene el ministerio público, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, la acusada se valió de la edad y las circunstancias personales de la denunciante (que había perdido a su hijo hacía poco tiempo) para solicitarle préstamos que oscilaban entre los 500 y los 30.000 euros. En total, el Ministerio Público estima que la cantidad presuntamente estafada supera los 90.000 euros.

Las continuas peticiones de dinero agotaron todos los ahorros de la mujer jubilada, según sostiene la acusación particular ejercida por la abogada Carmen Sanz Lagunas en nombre de la denunciante. Incluso, agrega, la obligaron a cancelar un plazo fijo de 30.000 euros que tenía a medias con su hermana.

Según esta parte, la presunta estafadora embaucó a la mujer diciéndole que necesitaba liquidez para sus negocios (dos tiendas de ropa situadas en el Actur y el Arrabal) y que en cuanto recuperara el dinero se lo devolvería con un 10% de interés.

De acuerdo con las acusaciones, en septiembre de 2015, Tamar G. convenció a la anciana para solicitar un préstamo de 22.800 euros a un particular. Con objeto de formalizar la petición, ambas acudieron a una notaría de Zaragoza, donde se encontraban Alberto C. y Mario C., también acusados de un delito de estafa en este procedimiento.

En el despacho, la denunciante firmó un documento pensando que se trataba de las condiciones de devolución del préstamo, cuando en realidad suscribió "una escritura de concesión de derecho de opción a compra y apoderamiento" de su piso a favor de uno de los encausados, según el ministerio público.

La acusación argumenta que de su comparecencia en el notario la jubilada solo entendió que si en tres meses no pagaba los 22.800 euros que le habían prestado perdería su vivienda. Además, esta parte apunta que tras la concesión del préstamo, el contacto que mantenía Tamar G. con la anciana dejó de ser diario, lo que empezó a inquietar a la mujer, que temía perder su casa.

Preocupada, contactó con uno de los hombres que le habían dejado el dinero. Este le dijo que no tenía qué temer, pues si le abonaba 300 euros al mes en concepto de alquiler hasta que devolviera la totalidad del préstamo, conservaría el inmueble. Este hecho provocó aun más inquietud en la anciana, porque los únicos ingresos que mantenía entonces era una pensión de viudedad de 637 euros. "Engañada" y "destrozada", según su abogada, la mujer contactó con una sobrina lejana para pedirle ayuda, lo que a la postre destapó la presunta estafa de la que había sido víctima la anciana.

La defensa pide la absolución

En nombre de la anciana, la abogada Carmen Sanz Lagunas solicita a la Audiencia Provincial de Zaragoza que interponga a la principal acusada una condena de ocho años de cárcel y una multa de 10.800 euros por un delito de estafa continuada con la agravante de abuso de confianza.

Para Alberto C. y Mario C., la acusación particular exige seis años de cárcel y multa de 8.100 euros por un delito de estafa agravada, penas que la Fiscalía rebaja a cinco años y 3.600 euros. La defensa de estos acusados, ejercida por el letrado José Ángel Roy, ha informado a la Sala de que ha llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones y que están dispuestos a reparar la parte del daño causado a la anciana que se les imputa.

Por su parte, el abogado de Tamar G., Mariano Tafalla, ha mostrado su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones y ha solicitado la libre absolución de su representada.

Tanto el ministerio público como la denunciante exigen que los tres acusados devuelvan el dinero que presuntamente obtuvieron mediante engaño y piden al tribunal que declare la nulidad de las escrituras de opción a compra de la vivienda de la víctima otorgadas ante notario.

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