Fue la primera promesa que hizo el concejal de Economía, Fernando Rivarés, cuando accedió al cargo en 2015 y la que más rotundamente ha incumplido. ZEC no ha logrado poner freno al gasto indisciplinado durante su mandato y ha cerrado el año 2018 con el pago de más de 40 millones de euros en facturas sin contrato. Y a esta cifra se llega sin contar las convalidaciones de gasto, que también sirven para abonar servicios sin contrato y de las que el gobierno no informa al pleno –así se atienden certificaciones tan importantes como las de parques y jardines–.

Este ejercicio se ha producido una ligera bajada respecto al récord del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 43 millones de euros mediante el sistema de los reconocimientos de obligación. Así se atienden por ejemplo las certificaciones de contratas que han superado el periodo de adjudicación.

Rivarés se comprometió a que a partir de enero de 2016 solo se pagarían facturas sin un contrato en vigor de forma excepcional y que exigiría "responsabilidades políticas y personales" a quien no cumpliera. Pero lejos de mejorar la situación, las cifras ?superan en mucho las de la etapa del PSOE (en 2014 se abonaron 28 millones y en 2015, 24,8). Según el grupo socialista, desde que gobierna ZEC se ha dado cuenta de reconocimientos de obligación por valor de 140 millones.

Entre los servicios que están sin un contrato en vigor destaca el de las prestaciones sociales domiciliarias, que permanece a la espera de adjudicación desde febrero de 2015 y cuyos pliegos acaba de tumbar el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). Solo en la última comisión se dio cuenta del pago de 3,3 millones de euros, con servicios como los centros de tiempo libre, los servicios postales, el mantenimiento de los accesos y el socorrismo en los centros deportivos Palafox, Siglo XXI y Pepe Garcés, la recogida neumática de Valdespartera o los programas de educación de calle.

La cuestión de los reconocimientos de obligación suscitó duras críticas en el último pleno municipal, en el que todos los grupos coincidieron en el "fracaso" de la gestión de Fernando Rivarés. El responsable municipal replicó que desde que está en el cargo se han regularizado 241 servicios y achacó el retraso que arrastran diversos pliegos de condiciones a las dificultades que implican "mierdas de leyes (sic)" como la de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017. "Ya estarían adjudicados si no fuera por esa estúpida ley de contratos públicos que abandona a los ayuntamientos, diputaciones y universidades", declaró.

La oposición cargó contra el concejal de Economía, al que le recordaron los problemas que arrastra el servicio de contratación del Ayuntamiento, con 14 pliegos de condiciones parados en el Tacpa, entre ellos los de Parques y Jardines. La concejal del PP María Jesús Martínez del Campo lamentó que el pago mediante los reconocimientos de obligación sea ya "habitual".

Explicó que no adjudicar a tiempo los contratos supone un coste extra para la administración, que no puede beneficiarse de la competencia entre las empresas que propician las licitaciones. "Las empresas tienen que estar encantadas de concursar, porque lo hacen para cuatro años y se quedan ocho. Es un chollo", declaró la edil.

Para Javier Trívez, del PSOE, afirmó que lo ocurrido con este asunto "es uno de los puntos fundamentales" del "fracaso" Rivarés como concejal de Economía. Además, consideró que el problema se le "está yendo de las manos", dado que si en noviembre había 62 contratos en esta situación, en diciembre eran 75. Trívez cargó contra la "ingenuidad" y "puerilidad" con la que Rivarés ha afrontado el problema.

Sara Fernández, de Cs, consideró que "falta voluntad política, porque los reconocimientos y convalidaciones de crédito que vienen no pueden excusarse en la herencia recibida". Carmelo Asensio, de CHA, fue muy crítico: "Los reconocimientos de obligación han batido récords con usted como consejero de Economía. Yo ya lo siento, pero esta vez me parece que para el 6 de enero, carbón".