Una de las piezas angulares del caso Plaza, el exgerente Ricardo García Becerril, declaró ayer por fin ante el tribunal. Y como se presumía, tras pactar su confesión y lograr que le rebajaran sensiblemente la pena de cárcel –de 23 años a dos y un día–, el encausado se limitó a seguir el guión que presumiblemente negoció con la Fiscalía Anticorrupción. Así, mientras prácticamente todos los encausados firmantes de acuerdos se acogieron a su derecho a no declarar, al ejecutivo no le quedó otra que responder a las preguntas del ministerio público y cargar contra el ex consejero delegado del Gobierno aragonés en la Plataforma Logística de Zaragoza y también acusado Carlos Esco (para el que se piden 7 años y medio de prisión).

"Buenos días Ricardo", le saludó el fiscal José De la Rosa al iniciar su interrogatorio, dando muestras de la proximidad que hay entre ambos tras tres meses de negociación. El exgerente anunció que solo respondería a las preguntas de la acusación pública y así lo hizo, dejando a la defensa de Esco sin posibilidad alguna de contradecir sus contundentes acusaciones. Porque García Becerril dio completa veracidad al contenido del email que la Policía intervino en su ordenador y en el que hablaba de varios contratos de Plaza supuestamente impuestos a dedo por Esco.

El correo electrónico, al que el propio exgerente de Plaza llamó ‘miserias’, se remonta a mayo de 2004 y fue remitido por este a un consejero de la sociedad pública de su confianza: José Luis Marqués. A través del mismo y de una segunda entrega –enviada en junio–, Becerril mantiene que Esco impuso a Plaza los adjudicatarios de siete obras y servicios por los que se pagaron casi cinco millones.

Entre estos figura la compra de unos suelos para ampliar la plataforma logística a la empresa Sanedi que, según el exgerente, maquinó Carlos Esco pese a que no podían urbanizarse por estar cerca del polvorín de la Base Aérea. A la Policía le llamó la atención que por 61 hectáreas Plaza pagara 4,5 millones cuando por la totalidad de la finca, de 610 hectáreas, Sanedi pagó 9 millones solo dos años antes.

En la relación de contratos presuntamente impuestos por Esco se incluyen también varios encargos a la empresa de Miguel Ángel Floria, quien se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y que hoy tendrá oportunidad de declarar ante el tribunal.

"No sé cómo se enteró del correo, pero Esco lo leyó y la bronca fue monumental", aseguró ayer Becerril refiriéndose al email ‘miserias’. En cualquier caso, este reconoció que la relación entre ambos era "bastante mala" y que estaba acostumbrado a que le abroncara. "A ver si acabas con esa manía tuya de intentar bajar el precio de los contratos", aseguró Becerril que le reprochó una vez Esco al enterarse que había conseguido mejorar un contrato de suministro eléctrico. Según el ejecutivo, Esco le dejaba a veces el margen y asumía funciones de gestión que no le correspondían. "Yo entendía que como gerente debía ser el interlocutor para cualquier asunto", indicó.

Carlos Esco: "Yo no gestionaba, solo hacía de enlace"

El que fuera consejero delegado del Gobierno de Aragón en Plaza entre 2003 y 2010, Carlos Esco, demostró ayer que esta larga etapa y los varios procedimientos judiciales en los que se ha visto envuelto –hasta ahora, en todos ha sido exonerado y absuelto– le han otorgado un enorme conocimiento sobre el funcionamiento y las operaciones del gran proyecto logístico del Ejecutivo de Marcelino Iglesias. En cualquier caso, el político aprovechó su declaración de ayer ante el tribunal para insistir en que él nunca impuso nada.

"Yo no gestionaba, mi función era únicamente de enlace y representativa", manifestó. Sobre el correo ‘miserias’, Esco dijo que es "una tergiversación clara de los hechos por parte de alguien que conoce la realidad y por tanto la puede amoldar". El exconsejero delegado reconoció que habló con el empresario Miguel Ángel Floria sobre varios proyectos, pero repitió: "Yo no tenía potestad para adjudicar nada"

Agapito Iglesias: "Nos interesaba que hubiera guardería"

Además de Carlos Esco y Miguel Ángel Floria, el constructor Agapito Iglesias es el único que no ha querido pactar con la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, se enfrenta a una petición de 5 años y 10 meses de cárcel por un presunto delito de cohecho y otro de falsedad.

Las acusaciones intentan probar que Iglesias logró que sus empresas sacaran tajada del negocio de urbanización de Plaza con un supuesto trato de favor hacia las hijas de Ricardo García Becerril, a las que encargó un informe que costó 58.000 euros y dejó de cobrar el alquiler del local donde instalaron su guardería.

Respecto al primer tema, Iglesias aseguró que el informe solicitado a Pulsar fue "real y necesario". En cuanto al alquiler, manifestó: "Habíamos construido oficinas en Plaza y necesitábamos dotarlas de servicios. Nos interesaba que hubiera una guardería, pero también un hotel, un bar... Por ello, cuando llegó la crisis ofrecimos a todos una carencia de dos años".