La reanudación del juicio del caso Plaza permitió comprobar este lunes que, tras los pactos firmados finalmente con 22 de los 25 acusados, la macrocausa se va a convertir en un juicio ‘exprés’ que ni mucho menos se prolongará hasta el próximo mes de marzo, como en principio estaba previsto. Los huecos dejados en la bancada de los encausados por aquellos a los que se han retirado los cargos y la renuncia de las defensas involucradas en los acuerdos a toda la prueba que habían solicitado así lo aventuran.

Por ello, al saber de antemano cuál será la condena que recaerá sobre la mayoría de los encartados, todo el interés se centra ahora en saber hasta qué punto se han comprometido algunos con la Fiscalía Anticorrupción a la hora de negociar. Porque a nadie se le escapa a estas alturas que gran parte de la prueba acusatoria contra quienes se han quedado al margen de la entente –el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco, el constructor Agapito Iglesias y el empresario Miguel Ángel Floria– vasculará sobre las declaraciones de quienes todavía comparten con ellos banquillo.

En cualquier caso, no será hasta hoy cuando se empiecen a escenificar esos compromisos, ya que las cuestiones previas volvieron a acaparar la mañana de este lunes y el tribunal presidido por el magistrado Javier Cantero suspendió la vista antes de empezar a interrogar a nadie. Lo hizo justo después de que los letrados de los tres únicos acusados ‘díscolos’ alegaran que los delitos que se les atribuyen –malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil o cohecho, dependiendo de cada encartado– habrían prescrito. Al margen de que las tres defensas –a cargo de Juan Monclús, Miguel Ángel Alemán y Jesús García Huici– insisten en que sus patrocinados son inocentes.

Según fuentes consultadas por HERALDO, para lograr que la Fiscalía aceptara rebajarle la petición de cárcel de 23 años a dos y un día, el exgerente de Plaza y uno de los considerados cerebros de la trama corrupta, Ricardo García Becerril, habría tenido que comprometerse a explicar ante el tribunal el correo electrónico al que él mismo bautizó como ‘Miserias’. Dicho mensaje fue localizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en su ordenador personal y fue en el que se basó la acusación pública para llevar al banquillo a Esco y Floria.

En cuanto a Agapito Iglesias, su letrado aprovechó este lunes las cuestiones previas para volver a pedir que el magistrado Francisco Picazo sea apartado del tribunal por considerar que existen "dudas más que razonables" sobre su imparcialidad. Cabe recordar que este ya protagonizó un intento fallido de recusar al juez ante la Audiencia Provincial. El abogado del constructor también mantuvo este lunes un serio rifirrafe con el presidente del tribunal, ya que este último no le consintió que considera "una ventaja" dar un día a las acusaciones para estudiar si algunos delitos han prescrito.