El juicio por el caso Plaza se reanuda hoy en la Ciudad de la Justicia y, con toda probabilidad, solo se dirigirá contra el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco, el constructor Agapito Iglesias y el empresario Miguel Ángel Floría. Los tres, junto a Francisco Joven y María del Mar Jaso, fueron los únicos de los veinticinco acusados de esta macrocausa que no se avinieron a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aragón y la sociedad pública Plaza.

Así lo escenificaron el pasado 10 de noviembre, cuando el resto de los encausados reconocieron haber cometido delitos de cohecho, falsedad, blanqueo de capitales o tráfico de influencias, según el caso, y aceptaron leves penas de cárcel y el pago de las correspondientes multas y responsabilidades civiles.

El pacto global motivó que los abogados defensores de los acusados ‘inconformistas’ solicitasen un aplazamiento para estudiar el nuevo escrito de acusación del ministerio público. El tribunal accedió a otorgarles una semana, tiempo que no ha sido desaprovechado ni por Francisco Joven ni por María del Mar Jaso.

El dueño de Viveros Joven se enfrentaba a cinco años y diez meses de cárcel y multa de 304.500 euros por cohecho y falsedad en documento mercantil pero, después de que la Fiscalía pactara con su abogado, Francisco Javier Echevarría, admitió los hechos, pagó 345.000 euros de multa y se conformó con tres meses de prisión.

Mientras, José Luis Melguizo, abogado de María del Mar Jaso, ha aceptado un ofrecimiento de los fiscales anticorrupción mediante el cual su cliente, administradora de la empresa Lexton S. L., se quedará en la causa como partícipe a título lucrativo.

La Fiscalía acusaba a Jaso de cohecho y falsedad y le pedía una responsabilidad civil de 1.529.435 euros y una penal de seis años de prisión. Queda pendiente de que el acuerdo sea confirmado por la DGA y Plaza, pero nada indica que se vaya a frustrar hoy cuando comience la vista oral.

Los que han decidido mantener su inocencia hasta el final son Esco, Iglesias y Floría. Este último está acusado de haber efectuado trabajos para Plaza por un coste superior al real. En concreto, un vídeo sobre el Parque del Canal por el que la sociedad pública pagó 55.772 euros y el revestimiento con paneles de Alucubond de tres edificios, que costó 344.405 euros.

El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril (que ha admitido la comisión de siete delitos), declaró en su día que fue Carlos Esco quien adjudicó directamente ambos trabajos a Floría, algo que tanto el exviceconsejero, que se enfrenta a siete años y medio de prisión, como Floría (seis años de cárcel) niegan. Sus respectivos abogados, Juan Monclús y Jesús García Huici, así lo defenderán cuando comience el juicio.

En cuanto a Agapito Iglesias, defendido por Javier Sánchez, las acusaciones (que solicitan para él 5 años y 10 meses de cárcel) sostienen que alquiló a las hijas de García Becerril, Carolina y Patricia García Plante, una nave para trabajar con su empresa Fantasía Inmobiliaria S. C. y no solo no les cobró alquiler sino que les pagó 58.000 euros por un informe que anteriormente habían adquirido a la sociedad Altair Management Consultants, S. L. por 34.800 euros, referente a un estudio sobre viabilidad de una guardería, que había sido contratado por Becerril y abonado por UTE Plaza.