Si alguien pensaba que la comisión de Economía arrojaría algo de luz sobre el borrador de presupuestos de 2019, se equivocaba. Las posturas de los partidos no variaron lo más mínimo y el PSOE, cuyo voto es clave para sacar adelante –o no– las cuentas del año que viene, continúa esperando la respuesta de Hacienda sobre la deuda tranviaria. "¿Cómo vamos a decidir nuestra posición si no sabemos si nos podremos endeudar? En estas condiciones tampoco sabemos si el dinero que prevé el borrador de presupuestos se materializará", reflexionaba ayer el socialista Javier Trívez.

El Ayuntamiento está a la espera de que recibir las aclaraciones precisas desde Madrid para saber si Hacienda rectifica su criterio de que el pasivo que arrastra el tranvía compute como deuda municipal, lo que hace que el Ayuntamiento incumpla las condiciones para solicitar nuevos créditos bancarios. El responsable del área, Fernando Rivarés, aseguró que, incluso aunque la respuesta de Hacienda fuera contraria a los intereses municipales, "nunca se sobrepasaría el 110% de endeudamiento" porque el presente ejercicio se cerrará con un 92%. "Si nos computaran injustamente la deuda del tranvía, el porcentaje subiría hasta el 103%, de modo que es seguro que aún así se podría pedir dinero a los bancos", en concreto, hasta 32 millones de euros, que es lo que prevé el borrador como financiación externa. Rivarés insistió en que ZEC encontró en junio de 2015 un nivel de endeudamiento del 126% y se mostró orgulloso de haber conseguido reducirlo: según sus cuentas, en 2019 se amortizarán otros 57,3 millones de deuda. En este sentido, Rivarés afirmó que no piensa en plazos, que tampoco depende de las negociaciones paralelas en el Gobierno de Aragón, pero añadió que si los grupos son responsables "el presupuesto podría aprobarse en enero".

Venta de suelo

Frente a las dudas del PSOE, que pese a todo se mostró dispuesto a hablar y negociar, CHA parece más favorable a apoyar unas cuentas "de la izquierda", en las que los 10 millones previstos como ingresos por venta de suelo también despiertan mucha incertidumbre. El nacionalista Carmelo Asensio confió en que las parcelas de Arcosur y los depósitos de Pignatelli generen esos ingresos, si bien recordó que el año pasado apenas se logró vender el antiguo conservatorio de la calle de San Miguel.

Por su parte, la portavoz de Cs, Sara Fernández, quiso poner en el acento en "las muchas partidas a cero o con mil euros simbólicos" que hay en el borrador de presupuestos y –en otro orden de cosas– también criticó duramente a ZEC por "bloquear la auditoría sobre la gestión de Rivarés al frente de la sociedad municipal Zaragoza Cultural y los organismos autónomos".

Con quien el concejal de Economía no tiene ninguna intención de negociar las cuentas es con el PP, que fue el grupo que –precisamente– pidió ayer la comparecencia de Rivarés para explicar el borrador de unas cuentas que alcanzan los 771,7 millones. La concejal María Navarro apuntó que a 30 de noviembre de 2017 aún quedan 52 millones de euros en inversiones pendientes de ejecutar del presente presupuesto, lo que –a su juicio– da idea de la poca seriedad de ZEC con sus propias cuentas. También criticó Navarro la "patada para adelante de los plurianuales" y recordó a PSOEy CHA el poco caso que el gobierno de Santisteve ha hecho a sus enmiendas los tres últimos años porque "se ha olvidado de ejecutarlas".

Aprobadas las ordenanzas fiscales de 2019

La comisión de Economía celebrada ayer aprobó las ordenanzas fiscales del año que viene, que prevén una rebaja media del 3,39% en el IBI residencial. La bajada del impuesto, que supondrá una merma recaudatoria de unos cinco millones de euros, se aplicará en año electoral. En la comisión de ayer se rechazaron los recursos que presentaron entidades empresariales, que solicitaban determinadas modificaciones en el callejero fiscal, en el IBI y en el IAE, principalmente.

Por otro lado, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, también informó ayer de que su gobierno seguirá recurriendo las revisiones de precios de contratas como Tuzsa y FCC porque "la asesoría jurídica informa de que tiene hasta 19 argumentos distintos para defender los intereses de Zaragoza". El edil de ZEC dijo que "algunas empresas pretenden cobrar el doble de lo que les corresponde por contrato" y aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón "ha dictaminado cosas contradictorias". El PP recordó que ya se han pagado más de 33 millones en intereses de demora.