Los pactos in extremis condicionan hoy de nuevo el comienzo del juicio de Plaza

Los fiscales anticorrupción estuvieron este domingo en Zaragoza cerrando los acuerdos con los principales acusados de malversar 147 millones en las obras de la plataforma logística.

Los fiscales anticorrupción José Grinda y José de la Rosa, y las acusaciones particulares, sentados en la primera fila. Detrás, algunos de los abogados defensores.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y José de la Rosa, y las acusaciones particulares, sentados en la primera fila. Detrás, algunos de los abogados defensores.
Guillermo Mestre

Parecía que tres semanas iban a ser suficientes para que la Fiscalía Anticorrupción alcanzara con tiempo acuerdos con la mayoría de los 25 acusados del caso Plaza –sobre todo después de los dos aplazamientos ya concedidos por la Audiencia Provincial- pero no fue hasta este domingo cuando se han cerrado in extremis varias de estas conformidades. De esta forma si no surge ningún imponderable, hoy empezará el juicio.

Hasta el último momento, los fiscales José Grinda y José de la Rosa y los abogados defensores han estado negociando para conseguir el mejor resultado para sus intereses, que para el Ministerio Público son el reconocimiento de los delitos por parte de los acusados, la devolución del dinero malversado, el pago de las multas y el ingreso en prisión en el caso de los ‘cerebros’ de la trama.

Idénticas pretensiones tienen los otros dos pilares de la acusación: el Gobierno de Aragón y la sociedad pública Plaza.

En el caso de los abogados defensores, su objetivo, obviamente, es rebajar lo máximo la pena para sus clientes. No va a ser sencillo, pues para los 25 acusados se piden inicialmente 195 años de prisión y multas millonarias. El principal acusado, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril se juega 23 años de cárcel, y sabe que dependiendo cómo y qué negocie, su mujer y sus dos hijas pueden salir mejor o peor paradas.

Los otros dos acusados clave, los ejecutivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, ya tienen el camino allanado. Sobre el papel se enfrentan a penas de 10 años y 9 meses el primero, y de 6 años el segundo. Pero como su empresa dio el pasado 16 de noviembre un paso trascendente al poner encima de la mesa una oferta de 60 millones de euros en reconocimiento de su responsabilidad civil en los hechos, ambos gerentes de la UTE Acciona-MLN verán sustancialmente rebajadas las peticiones de prisión.

A cambio, deberán reconocer que cobraron sobrecostes y cometieron un delito de malversación en las obras de urbanización de Plaza.

Pero la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aragón y Plaza no se conformaron solo con esos 60 millones, sino que condicionaron la oferta a la negociación en un procedimiento de arbitraje de los 87 millones restantes, hasta el total de los 147 malversados.

Hasta el momento –y que haya trascendido–, se puede asegurar que se han cerrado pactos con un puñado de acusados. Entre ellos, el ingeniero y jefe de obras de la UTE Acciona-MLN Alejandro Viñuales Larraz (para el que se pedían 5 años y 10 meses de cárcel) y el empresario José Luis Margalejo (que se enfrentaba a 12 años y siete meses). Ramón Margalejo (9 años) y Francisco Hernández (5 años) son otros que a cambio de evitar el juicio y un posible ingreso en prisión habrían admitido los delitos.

Igualmente, el empresario de Porcelanosa, Manuel Colonques, para el que solicitaban 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y falsedad con su mercantil Maguitel, logró, tras adelantar 636.380 euros, que las acusaciones le retiraran los cargos y lo mantuvieran encausado tan solo como partícipe a título lucrativo de un delito atribuido a Ricardo García Becerril.

Igualmente, la Fiscalía alcanzó un acuerdo con Entrerríos Automatización, a cuyo socio, Enrique González, pedía 5 años y diez meses de prisión por el cohecho cometido cuando pagó a las hijas del exgerente unos 300.000 euros por trabajos inexistentes.

¿Una nueva suspensión para estudiar los acuerdos?

Primero fue la recusación del juez Francisco Picazo por el empresario Agapito Iglesias lo que obligó a suspender el inicio del juicio, previsto para el 1 de octubre. Tras desestimarse la pretensión del exdueño del Real Zaragoza, se fijó el 5 de noviembre como nueva fecha. Pero entonces fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió al tribunal tiempo para poder para rematar las negociaciones que tenía abiertas con varios acusados.

La Audiencia cedió y le dio de plazo hasta el 19 de noviembre, pero de nuevo la Fiscalía, a la que se sumaron las acusaciones ejercidas por la DGA y Plaza, solicitó más tiempo para rematar un acuerdo que supondría la confesión y condena de la mayoría de los encausados. En ese momento, Acciona acababa de hacer su oferta de pagar 60 millones como responsable civil y ventilar los 87 millones restantes en un arbitraje hasta completar los 147 malversados.

El tribunal de la Sección Primera encargado del caso –compuesto por Javier Cantero, Esperanza de Pedro y Francisco Picazo– está decidido a empezar hoy la vista, salvo causa de fuerza mayor. No obstante, no se podría descartar que los abogados que no han sido llamados a pactar o no están dispuestos a hacerlo soliciten una suspensión para estudiar los acuerdos por la indefensión que pudieran causar a sus clientes.

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