Si todo sale según lo previsto, antes de que acabe el mes de febrero se habrá generalizado en las calles de Zaragoza un nuevo color de contenedor. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene motivos para querer reducir de forma drástica la enorme cantidad de ropa que acaba cada año en la basura y para ello está dispuesto a autorizar el uso del dominio público a una empresa de inserción social que se comprometa a colocar un mínimo de 75 contenedores y a hacerse cargo de todo lo que se deposite en su interior.

De esta manera, el Consistorio persigue tres objetivos. Por un lado, el medioambiental, pues se fomenta el reciclaje y se reducen los residuos. Por otro, el social, ya que se fomenta la creación de puestos de trabajo entre colectivos en riesgo de exclusión social. Y por último, pero en absoluto menos interesante, el económico, pues a día de hoy el Ayuntamiento está obligado a pagar por partida doble por todas esas toneladas de ropa que los vecinos tiran tan alegremente a la basura y que terminan en el vertedero: primero a la empresa concesionaria encargada de la recogida de residuos, pues cobra en función del volumen de basura; y después a la que gestiona el vertedero, que también cobra por toneladas. Desde Servicios Públicos exponen por tanto que con esta medida "se pretende lograr un importante ahorro para las arcas municipales".

Por eso se colgó este lunes un anuncio avisando de esta posibilidad a todas las entidades interesadas. Las que quieran y crean tener capacidad suficiente para gestionar este servicio disponen hasta 26 de diciembre para presentar una propuesta concreta al Consistorio en la que deberán especificar dónde colocarían sus contenedores, teniendo en cuenta que tendrán que ser 75 como mínimo y 200 como máximo. Su distribución por cada distrito y el ratio de habitantes por cada uno de ellos será muy tenida en cuenta a la hora de decidir qué empresa gana la licitación.

Lo que había hasta ahora

Hasta ahora, ningún contenedor de ropa tenía permisos para ocupar la vía pública, por lo que todos los que han ido brotando a trompicones en distintas épocas y zonas de la ciudad eran ilegales y la Policía Local ha tenido que ponerse en contacto con sus dueños para ordenar su retirada.

Sin embargo, hay un par de entidades que sí han estado explotando (aunque con fines sociales o benéficos) el negocio de la ropa de segunda mano en Zaragoza. Por un lado Cáritas, que la recoge fundamentalmente en las parroquias, y por otro la empresa de inserción social Tiebel a través del Proyecto aRopa2. Este último se puso en marcha en 2013 y a día de hoy mantiene 76 puntos de recogida de ropa en sedes de distintas asociaciones, centros cívicos, fundaciones, tiendas u organismos municipales que han dado su permiso y once puestos de trabajo distribuidos entre el transporte de la ropa, la planta de selección y tratamiento y la tienda de prendas de segunda mano que tienen en la calle Delicias.

"El año pasado recogimos 540 toneladas de ropa y textil. Lo que no se puede aprovechar lo vendemos a empresas que lo compran como trapo y el resto, parte la vendemos en nuestra tienda para financiarnos y parte la hacemos llegar a personas que la necesitan a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o de oenegés con las que colaboramos, como Intermón Oxfam", cuenta Julio Cortés, coordinador del Proyecto aRopa2. En este caso, Tiebel ha encontrado en la ropa usada una vía para dar empleo y formación principalmente a mujeres víctimas de violencia de género, aunque también a otras personas en riesgo de exclusión social que estaban cobrando el Ingreso Aragonés de Inserción. El objetivo es lograr, a la larga, su incorporación normalizada al mercado laboral.

Y ese es precisamente el requisito que exige el Ayuntamiento de Zaragoza a la empresa que quiera usar la vía pública para colocar sus contenedores de ropa. Los pliegos hechos públicos este lunes especifican que solo podrán optar a esta autorización las empresas de inserción social. Es decir, aquellas en las que al menos el 30% de su plantilla esté integrada por trabajadores en situación de exclusión social. Además, deberán estar autorizadas como gestoras de residuos para recogida y transporte de ropa y textiles y los contenedores que lleve a la calle deberán llevar el logo del Ayuntamiento y diferenciarse claramente de los destinados a los otros tipos de residuos.

Las entidades que ya trabajaban en este sector celebran que llevaban años solicitando el poder llevar los contenedores a las calles, pues creen que es la única manera de ganar visibilidad y aumentar el volumen de recogida. Sin embargo, el hecho de que al final solo una empresa pueda aprovechar esta oportunidad podría poner en peligro a las que se mantengan bajo techo.