El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, de 62 años, se mostró ayer muy contento poco después de conocer el nombramiento para los próximos cinco años porque le hacía «mucha ilusión» y «ya es oficial».

Como todos los aspirantes, Ballestín tuvo que hacer sus propuestas el pasado 18 de septiembre ante la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. Ayer rescató algunas de ellas al valorar su nombramiento, como su deseo de que su llegada al cargo ayude a «mejorar la calidad de la justicia para los ciudadanos».

Entre las mejoras que propone el magistrado, que presume de ser natural de Gallocanta («ahora dejará de ser solo el pueblo de las grullas», bromea), Alfonso Ballestín señaló que quiere «unificar los criterios para celebrar juntas colectivas» de manera más frecuente, en función del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. «Sería como el pleno del Tribunal Supremo sobre la hipoteca de los bancos, pero celebrarla antes de las sentencias. Aquí solo celebramos una junta cuando se aplicó la prueba P300 para los acusados», recalcó el magistrado aragonés.

Voto particular en la P300

En este caso, Ballestín emitió un voto particular, como el magistrado Carlos Lasala, contra la legalidad de la P300 o prueba de la verdad porque era una «autoinculpación» de un acusado que se sometía a la misma porque le obligaba el juez instructor. «Aunque en esa junta se aprobó y solo hubo dos votos particulares, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos dio la razón en contra de la prueba P300», agregó.

Asimismo, el magistrado hizo una defensa sobre la «mejora de la comunicación» en los tribunales con los ciudadanos y los medios que informan sobre los juicios. Ballestín sostiene que debe existir «más transparencia» de la que existe ahora, siempre que «no se vulnere el derecho de la protección de datos» de los particulares que pueden acudir a un juicio como testigo, puso de ejemplo.

Cuestión de constitcionalidad

Ballestín es miembro de la asociación Jueces para la Democracia y en su trayectoria de la carrera judicial ha demostrado su talante progresista. Uno se estos asuntos más destacados que llevó como juez, Alfonso Ballestín planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra el delito de negarse a realizar la prueba de alcoholemia en 1996 desde el Juzgado de lo Penal 7 de Zaragoza. Este proceso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, pero no fue aceptada su cuestión. En los años 90, el juez instructor también solicitó indultos a insumisos condenados.