La Audiencia Provincial condenó en 2017 al joven Juan Paul B. M. a un año de prisión por estafar 83.000 euros a un conocido. Al ver que no iba a devolver el dinero, pese a tratarse de una pena inferior a dos años, el tribunal ordenó que entrara en Zuera. De allí salió hace solo unas semanas, lo que le permitió volver a sentarse ayer en el banquillo de los acusados por un hecho prácticamente idéntico que le ha costado otra condena de dos meses de cárcel. Y no ha terminado de saldar cuentas con la Justicia, puesto que mañana volverá a ser juzgado por otra estafa.

Para la Fiscalía, el joven ha hecho de este ilícito proceder su forma de vida, de ahí que se le acumulen las causas judiciales. Recuerda también que el encausado se aprovecha de su condición de hijo de un antiguo cónsul de Eslovaquia en Zaragoza para captar víctimas sin levantar sospechas. De hecho, los denunciantes son siempre conocidos o amigos de círculos de la alta sociedad a los que pide dinero para cerrar supuestos negocios.

Por los hechos que ayer se juzgaban en la Audiencia de Zaragoza la Fiscalía pedía inicialmente una condena de dos años de cárcel. Idéntica pena proponía la acusación particular, a cargo del letrado José María Viladés, que finalmente retiró los cargos al ser indemnizado su cliente.

El denunciante era un amigo del acusado, a quien convenció de que le entregara 10.000 euros para financiar la supuesta traída de contenedores con productos de China que le había encargado el Corte Inglés. Para dar credibilidad a la operación, el 27 de septiembre de 2016 el estafador citó a esta persona en una céntrica oficina de la capital aragonesa y firmó lo que parecía ser un contrato de préstamo. Sin embargo, ninguna intención tenía Juan Paul B. M. de devolverle el dinero.

La acusación particular atribuía al joven una estafa agravada, lo que hizo que el juicio se celebrara en la Audiencia. Sin embargo, la Fiscalía calificó como estafa simple y tuvo que aplicar la atenuante muy cualificada la reparación del daño y otra por una merma de capacidad mental. Por ello, el acuerdo se cerró con una pena de dos meses.