El tiempo se acaba, pero todo apunta a que los principales acusados del caso Plaza podrían cerrar un acuerdo global con la Fiscalía Anticorrupción en las próximas horas. Después de  los dos últimos aplazamientos, la Audiencia de Zaragoza tiene previsto iniciar el juicio el próximo lunes, día 19 de noviembre. Por lo tanto, la jornada de este viernes se antoja decisiva para cerrar los flecos de unas complejas negociaciones que se han acelerado en el último mes y medio.

En esta cuenta atrás, el hermetismo ha sido absoluto por todas las partes: tanto por las acusaciones (Fiscalía, DGA y Plaza) como por las defensas de los 25 encausados, para los que inicialmente se pedían un total de 195 años de prisión. Y no es de extrañar, porque es mucho lo que unos y otros se juegan. Los primeros, demostrar que realmente existió corrupción en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza, puesto que todos los procesos judiciales abiertos hasta la fecha con la misma intención han acabado en  archivo o en absolución. Para quienes se sentarán en el banquillo, el objetivo es claro: evitar la entrada en prisión y la ruina económica, puesto que las multas y las indemnizaciones a las que se enfrentan son millonarias.

Según ha podido saber HERALDO, el acercamiento de posturas entre las partes habría dado como resultado varias propuestas. Pero la última, con fecha del pasado lunes, 12 de noviembre, sería bastante ventajosa para el que fuera gerente de Plaza y uno de los supuestos ‘cerebros’ de esta trama, Ricardo García Becerril. Porque si en el primer escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción proponía una condena total de 23 años de prisión por una retahíla de delitos, al final este podría entrar y salir de Zuera en un breve espacio de tiempo. De hecho, su pena de cárcel podría quedar reducida a dos años y un día.

Como todo lo que concierne al acuerdo, nada es definitivo y todo es aún posible, pero parece que la solución que han encontrado las acusaciones y la defensa para tan importante recorte es la sustitución de algunas penas de cárcel que se pedían para Becerril por trabajos en beneficio de la comunidad (unas 500 jornadas). En cualquier caso, este tiene todo su patrimonio embargado y tendría que responder también con él.

Lo que también conseguiría García Becerril, en caso de prosperar las negociaciones, sería librar de la prisión tanto a su mujer como a sus dos hijas, cuyas condenas quedarían reducidas a unos pocos meses.

Según fuentes próximas a las negociaciones, para otro de los principales acusados, el gerente de la UTE Acciona-MLN José María Jordán se estaría proponiendo una pena de prisión de tres años, cinco meses y un día (inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción pedía para él 10 años y 9 meses).

Pero no todos los encausados han entrado en esta negociación global y nombres conocidos como el del empresario Agapito Iglesias (le piden 5 años y 10 meses) o el exviceconsejero de la DGA Carlos Esco (7 años y medio) se habrían quedado fuera.