La DGA acepta los 60 millones que ofrece Acciona para cerrar el pacto del caso Plaza

La constructora Acciona dio este viernes el paso definitivo para desbloquear las arduas negociaciones que desde hace más de un mes vienen manteniendo la Fiscalía Anticorrupción, la DGA y los principales acusados del caso Plaza. De hecho, varios representantes de la multinacional se desplazaron este viernes a Zaragoza para rubricar el pacto poniendo sobre la mesa una oferta que el Gobierno aragonés no ha podido rechazar: 60 millones de euros. La compañía pagará esta cantidad en concepto de responsable civil subsidiario, lo que supone aceptar su parte de culpa en los delitos de prevaricación y malversación que se atribuyen a José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, los dos gerentes que puso al frente de la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

La DGA todavía debía a la constructora cerca de 25 millones por las obras del complejo logístico ubicado entre la A-2 y el aeropuerto de Garrapinillos, por lo que el acuerdo supondrá la cancelación definitiva de esta deuda y el pago en efectivo de otros 35 millones a las arcas públicas. Y aún así, el asunto no quedará completamente zanjado, porque las acusaciones han cifrado en 147 millones la cantidad defraudada a la sociedad pública Plaza.

Como explicó viernes a través de un comunicado oficial, a lo largo de toda esta larga negociación, el Gobierno aragonés no ha renunciado nunca al cobro de esta cantidad. Lo que sí ha hecho ahora es aceptar la propuesta de Acciona para reclamar los 87 millones que quedan fuera del pacto a través de un procedimiento arbitral. Es decir, serán tres técnicos especializados, en su condición de árbitros, quienes tras el juicio estudien los contratos firmados en su día entre Plaza SA y la UTE Acciona-MLN y aclaren si realmente queda algún dinero más por pagar. Su decisión será vinculante y tendrá el mismo valor que una sentencia judicial.

La Fiscalía y el resto de acusaciones han considerado siempre a la constructora aragonesa MLN responsable civil subsidiaria, dado que ostentaba el 30% de la UTE. Sin embargo, fuentes oficiales de la empresa aseguraron a este diario que en ningún momento han participado en las negociaciones, por lo que tampoco han estado al tanto del acuerdo final. Eso no significa que en el mencionado proceso arbitral se le pueda exigir parte de los 87 millones que aún se reclaman.

Piden aplazar otra vez el juicio

Tras dos aplazamientos consecutivos -el primero por la recusación del juez Francisco Picazo y el segundo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para rematar las negociaciones-, la Audiencia de Zaragoza fijó para el próximo lunes, 19 de noviembre, el comienzo del macrojuicio. Sin embargo, los representantes legales de Plaza -personada también en calidad de acusación particular- volvieron a solicitar este viernes al tribunal que retrase el comienzo de las sesiones.

A través de su escrito, esta parte pide disculpas de antemano a los magistrados, pero intenta hacerle entender que tiene que trasladar los términos del acuerdo al consejo de administración de Plaza. A esta petición se ha sumado también la propia sociedad pública, que intenta ganar algo de tiempo con el objetivo de cerrar flecos.

Como la propuesta llegó el viernes por la tarde, con un fin de semana por delante, no será hasta el próximo lunes cuando el tribunal aborde este tema y adopte una decisión. Por lo que aún cabría otro posible aplazamiento.

El arbitraje

87 Millones. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 147 millones de euros el fraude provocado a las arcas de Plaza. Acciona se ha comprometido a pagar 60 y ha convencido a la DGA para que los otros 87 se reclamen a través de un procedimiento arbitral.

¿Cómo se resolverá?

Tres especialistas examinarán los contratos. Para dilucidar si la UTE Acciona-MLN debe pagar los 87 millones que restan se recurrirá al laudo arbitral, que tiene el valor de una sentencia judicial. Así, tres especialistas en materia de contratos se erigirán en árbitros. Y tras estudiar la documentación aportada por las partes, decidirán si las constructoras adeudan dinero a Plaza y en qué cantidad. Se trata de un trámite rápido que no podrá prolongarse más de un año.

Las conformidades se comunicarán el lunes al tribunal

Como se preveía, la complejidad de las negociaciones entre la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de acusados del caso Plaza ha hecho que estas se alarguen hasta el último momento. Tanto es así, que será el próximo lunes, 19 de noviembre, antes del comienzo del juicio, cuando se dé cuenta al tribunal de las conformidades pactadas.

Antes de cerrar la parte económica del acuerdo, los fiscales José Grinda y José de la Rosa mantuvieron numerosas reuniones con los abogados de muchos de los 25 acusados. Las partes han aprovechado estos encuentros para ir acercando posturas y concretar los cargos y penas que los investigados estaban dispuestos a aceptar.

En un principio, se pedían un total de 195 años de prisión para los encausados, pero los pactos reducirán de forma importante las penas. De hecho, según fuentes consultadas por HERALDO, parece que al final solo acabarían en la cárcel unos pocos. Entre ellos, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril (para el que se pedían 23 años) y el que fuera gerente de la UTE Accciona-MLN José María Jordán (le pedían casi 11 años).