ZEC choca contra el Tribunal de Contratos una y otra vez

El gobierno de ZEC tiene un problema con sus procesos de contratación pública. El varapalo de la anulación de los pliegos de condiciones del servicio de ayuda a domicilio de Zaragoza, que están caducados desde hace tres años y que ahora se retrasarán de nuevo, es el último de un rosario de resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que han puesto en jaque diversos servicios públicos de gran importancia.

En total, el Ayuntamiento de Zaragoza suma 13 recursos estimados desde que el alcalde, Pedro Santisteve, gobierna la ciudad. Y no se trata de resoluciones sobre contratos de escasa relevancia, sino que algunos de ellos han afectado a proyectos cruciales. La ampliación del servicio Bizi, el contrato de Parques y Jardines, el servicio de ayuda a domicilio, la operación baldosa o el servicio de centros de tiempo libre son algunos de ellos.

Al margen del servicio de ayuda a domicilio, por su cuantía y su importancia política, el caso de mayor relevancia ha sido el del recurso contra los pliegos del servicio de Parques y Jardines. Con un valor económico de 68 millones de euros por cuatro años de contrato, el Tacpa anuló en marzo de este año varias clausulas de los pliegos tras un recurso de la patronal del sector, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines.

Aunque el gobierno municipal vendió el varapalo como un éxito, dado que la gran parte las cláusulas salieron vivas del recurso, hubo que modificar los pliegos y reiniciar el proceso, que sigue pendiente de adjudicación. Es más, los nuevos pliegos han recibido tres recursos ante el Tacpa (de UGT, ya desestimado, de la patronal y de la empresa Viveros Perica).

Pero no fue el único caso. La ampliación del servicio Bizi, con un valor de 54,1 millones de euros, quedó en nada tras un recurso especial presentado por el PP. ZEC pretendía instalar, en los próximos tres años, 120 nuevas terminales nuevas y 1.200 bicicletas más por varios barrios de la ciudad, pero el organismo supervisor de la contratación pública de Aragón advirtió de que se trataba de “una adjudicación directa ilegal”. El gobierno municipal recurrió a los tribunales, que todavía no se han pronunciado sobre el fondo del asunto.

También naufragó la llamada ‘operación baldosa’ que impulsó el gobierno. Se querían destinar 3,7 millones para que empresas de inserción o centros especiales de empleo hicieran reparaciones en la vía pública. La Asociación de Constructores Contratistas de Obras recurrió y el Tacpa le dio la razón porque el proyecto restringía "de forma indebida la competencia y los principios rectores de la contratación pública".

De los contratos 'gordos', fracasó además el relativo a los centros de tiempo libre (18,4 millones de euros por cuatro años de servicio), que precisamente este miércoles ha salido a concurso. O el de extendido de mezclas bituminosas para las brigadas de conservación de infraestructuras (2,7 millones por cuatro años). En este último caso, tras el revés del Tacpa, el contrato fue adjudicado.

Hay otros muchos contratos que han sufrido tropiezos en el tribunal durante estos tres años: el servicio de limpieza de los mercados municipales de Lanuza y San Vicente de Paúl (692.992), los servicios auxiliares para las actividades de Zaragoza Cultural (935.897 euros), el servicio de visitas turísticas (236.820 euros) o la renovación del alumbrado para la mejora de la eficiencia energética (678.651 euros).