Los funcionarios de Justicia protestan contra la reforma del Poder Judicial

Más de un centenar de funcionarios se han concentrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia, unas movilizaciones que culminarán el 16 de noviembre, día que han convocado una huelga general a nivel nacional.

Los trabajadores de la Administración de Justicia, este miércoles, en los juzgados.
Los trabajadores de la Administración de Justicia, este miércoles, en los juzgados.
HA

Los funcionarios de la Administración de Justicia en Aragón continúan con sus protestas contra la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se va a empezar a tramitar en el Senado próximamente, después del visto bueno del Congreso de los diputados.

Este miércoles, más de un centenar de trabajadores han respondido al llamamiento de los sindicatos CSIF, STAJ, CC. OO. y UGT y se han concentrado durante media hora (de 10.00 a 10.30) a la entrada del edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, con una pancarta que rezaba ‘No a la movilidad forzosa. No a la politización de la Justicia’.

Según han explicado los representantes de las organizaciones sindicales, los artículos de la proposición que les afectan constituyen “un grave ataque”. En concreto, destacan como pretensiones más lesivas la unificación de los centros de destino en uno solo, que se corresponderían con el municipio y supondría, según han detallado, la aprobación de la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente; la prohibición de incrementos de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo; y en los casos de urgencia que no supongan una vacante, la sustitución transitoria de los funcionarios solo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino. Además, han añadido que tal y como está redactado el texto ahora mismo, contempla el cese del personal interino de refuerzo en el plazo máximo de seis meses.

Ana Sanaú, de STAJ Aragón, ha valorado que estos artículos “suponen un grave ataque a los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia” que no tienen precedentes.

José Ignacio Franco, de CC. OO., ha opinado que la reforma va a empeorar la calidad del servicio. “Hay que tener claro que esto no solo es una ataque a los funcionarios, también a la prestación del servicio de la Administración de Justicia que reciben los ciudadanos”, ha indicado el representante sindical.

“Pretenden movernos como peones en un ajedrez”, ha censurado Irene de la Riva, responsable autonómica del sector de Justicia en CSIF. “No se pueden saltar a la torera una materia que es de obligado cumplimiento de negociación, regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la ley orgánica de la ley sindical”, ha opinado.

Por su parte, Evangelina Jiménez, de UGT Aragón, ha lamentado que “una vez más”, los grupos políticos “se han metido a ningunear la Justicia”. “Si se aprueba la enmienda, lo que está claro es que a los funcionarios se les va a ningunear y esto lo va a pagar también el ciudadano, porque se van a enfrentar cada día a un servicio más pobre”, ha apuntado.

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