Elena Giner, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, deberá comparecer ante la juez de Instrucción número 8 de Zaragoza en calidad de investigada como presunta autora de un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude en la contratación de carpas portátiles para la celebración de fiestas en los barrios rurales.

Tanto ella como el jefe de la Sección Técnica de Obras del Servicio de Distritos del área de Participación, Fernando Z., fueron denunciados por el Grupo Municipal Popular ante la Fiscalía de Zaragoza por tramitar como ‘gastos menores’ hasta 64 contrataciones de carpas festivas a un solo empresario, por un importe de 174.746 euros.

Los populares trasladaron al Ministerio Fiscal sus sospechas de que la concejalía podría estar "troceando" los contratos para eludir el control de la Intervención municipal y burlar el procedimiento legal que exige que para importes superiores a 18.000 euros se saque a concurso público.

La Fiscalía provincial abrió una investigación a principios de julio, cuando se presentó la denuncia, que culminó en octubre con el traslado de las diligencias al juzgado al apreciar indicios de delitos de prevaricación administrativa y fraude. Ahora, será la titular del juzgado número 8, Nicolasa García, quien dilucide si realmente se han cometido o no esos hechos delictivos.

De entrada, acaba de citar tanto a la concejal como al funcionario que conformó las facturas para que presten declaración asistidos por sus respectivos abogados, comparecencia que se producirá en los próximos días.

 La denuncia presentada por Jorge Azcón como portavoz del Grupo del PP recoge que en 2012 y 2013, el suministro de carpas portátiles para eventos festivos apenas se utilizaba y que en 2014 y 2015 empezó a hacerse, pero de forma muy puntual.

Durante esos años, los catorce barrios rurales de Zaragoza utilizaban sus pabellones deportivos para los festejos. Pero no fue hasta 2016, cuando la nueva ley de espectáculos públicos del Gobierno de Aragón impuso una serie de exigencias para celebrar eventos en recintos cerrados, cuando se empezaron a contratar de manera rutinaria estas carpas mientras se adecuaban los pabellones a la normativa.

De esta manera, según los denunciantes, si en 2012 se giraron al Ayuntamiento de Zaragoza dos facturas por importe de 5.121 euros y en 2015 fueron cuatro por algo menos de 10.000, en 2016 ya se presentaron 21 por 53.531 euros en total. La contratación se disparó en 2017, con 38 facturas giradas por importe de 105.974 euros. En lo que va de 2018 se han aportado cinco, pero cuatro de ellas corresponden al año anterior.

"Excesiva simplicidad"

Todas las facturas corresponden al área de Participación Ciudadana por instalación de carpas y elementos auxiliares, como equipos de iluminación o grupos electrógenos suministrados por Aragonesa de Carpas S. L. (Aracarpas).

El PP denuncia la "excesiva simplicidad" de los documentos en los que apenas se detallan los suministros. Pero, sobre todo, cuestionan que se hayan tramitado como un "gasto menor" (3.000 euros, 3.630 IVA incluido) para, a su juicio, eludir el control de la intervención y que haya doce por ese importe exacto. Salvo cuatro o cinco, todas las facturas se presentaron por la empresa en Participación Ciudadana, donde se formalizaron directamente los encargos de manera verbal.

Consideran que esta forma de contratar es una "burda" utilización del instrumento contable regulado en las bases de Ejecución del Presupuesto de 2017 para gastos puntuales con la intención de burlar la norma. A su juicio, la forma de tramitarlo sería como "contrato menor" o "contrato mayor" en función de su importe, pero entienden que se han "fraccionado" irregularmente, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude a la Administración.

Normalmente, son los alcaldes de barrio quienes, ante la imposibilidad de montar las fiestas en los pabellones, comunican a la concejalía de Elena Giner la necesidad de instalar una carpa y, a través del Servicio de Distritos, Sección Técnica de Obras, se impulsan los trámites para el suministro. La factura la firma en primera instancia el correspondiente alcalde de barrio y posteriormente es visada por el Ayuntamiento de Zaragoza y firmada por el coordinador de área. Fuentes municipales señalaron que todas las facturas tienen el visto bueno de la Intervención municipal, la cual no puso reparo a ninguna de ellas.

"Vamos a prestar la máxima colaboración con la justicia"

Elena Giner ha manifestado este martes que la contratación de las carpas para las fiestas en los barrios rurales ha tenido como objetivo garantizar precisamente la celebración dichos festejos mientras se lleva a cabo la adecuación de los pabellones de estos barrios y de algunos distritos de la ciudad a la normativa autonómica. La última reforma de la ley impone una serie de exigencias de seguridad en los recintos cerrados que la mayoría no cumple en estos momentos.

La concejal de Participación Ciudadana ha subrayado que todas las facturas generadas en estos tres años han sido fiscalizadas por el órgano de control del Ayuntamiento de Zaragoza que, en este caso, es Intervención. "Y no ha puesto reparo en ninguna de ellas", señaló.

"El Partido Popular, el único partido sentenciado por corrupción en España, vuelve en este caso a esa dinámica y a esa estrategia de judicialización de la política y de cortinas de humo", dijo. "Lo sorprendente es que sea en el entorno de los barrios rurales, supuestamente defendidos por el PP, y que sea para ensombrecer y dificultar la celebración de los festejos populares. En todo caso, hay un procedimiento judicial abierto con el que vamos a prestar la máxima colaboración para que se pueda aclarar cualquier sombra de duda", dijo

Segunda imputación tras el caso Ecociudad

La citación para declarar como investigada que recibirá Elena Giner por la contratación de las carpas portátiles para las fiestas de los barrios rurales será la segunda comparecencia judicial por este delito que deberá afrontar la concejal de Participación Ciudadana.

Desde el pasado verano, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza investiga la supuesta prevaricación administrativa de la totalidad de los miembros del Gobierno de ZEC por el ‘golpe’ dado en las empresas públicas (de las que expulsó a la oposición, aunque recientemente les permitieron volver) y por el cese de quien fuera gerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero.

La magistrada Mercedes Terrer ha estado recabando durante las últimas semanas documentación de las partes, una fase que está a punto de culminar, por lo que la citación de los responsables municipales como investigados se antoja cercana. Como Giner, el concejal Alberto Cubero también tiene otra causa judicial pendiente. Concretamente, por el accidente en la carpa de la cerveza del Pilar de 2016 en el que resultó gravemente herida una mujer.

El juicio en el que se decidirá si Cubero es responsable de un delito de lesiones graves por imprudencia está aplazado a la espera de que la víctima sea dada de alta definitivamente. De momento no hay fecha.